Liberté, Égalité, Fraternité… TOUCHÉ (Asilo a Ricardo Palma Salamanca)

Por Daniel Romo Vega

La gran mayoría de nosotros se aprestaba a tener un fin de semana largo y sin sorpresas, decididos a recargar las pilas para las últimas ocho semanas del año.


Sin embargo, la madrugada del viernes 2 de Noviembre de 2018 quedará en la retina (o en el tímpano) de quienes durante muchos años somos testigos de la evidente propaganda neoliberal desplegada en los medios de comunicación.

Porque si hay algo que realmente envenena el espíritu de cualquier sistema social es la ausencia de justicia, sea quien sea el victimario y la víctima. Y más termina de liquidar cualquier intento de contrarrestar esa perversión mediática de la prensa el darnos cuenta que nos mantienen en una burbuja donde la verdad pasa delante de nuestros ojos sin ser siquiera apreciada en su debido continente. Peor aún, los que dicen defendernos y empatizar con nosotros en nuestras ambiciones de esclarecer la verdad (y me refiero a la clase política chilena) son simples cómplices pasivos de un sistema que los envuelve en vanos y superficiales -aunque evidentemente pomposos- ritos de poder.

Y es por eso que este 2 de noviembre fue un punto de inflexión para muchos, porque deja ver directamente la contradicción vital que se genera en nuestra sociedad al solapar a la Dictadura con un gobierno cívico militar de transición. ¿El hecho? La detención, libertad y asilo político de uno de los ex miembros del Frente Patrótico Manuel Rodríguez (FPMR), Ricardo Palma Salamanca.

La Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (OFPRA), organismo público que se declara con total independencia, ha dado una señal al mundo no sólo de su gran virtud, también ha mostrado el contexto de la política neo liberal que ha mantenido a Chile en la marginalidad jurídica y constitucionalidad a ojos del mundo. Y en Chile Libre paso a revisar ciertos tópicos que contextualizan la batalla ganada por Ricardo Palma Salamanca.

Bajo el contexto social y político

Para tratar de entender lo que a mi parecer debería ser la bandera de lucha del pueblo, sometido a un -repito- Gobierno Cívico Militar de transición ausente de democracia real desde 1990, posterior a una dictadura sangrienta, inhumana y cruel como lo fue la de Pinochet desde septiembre de 1973, es que me permito recapitular hasta el momento mismo de la detención de Palma Salamanca, o sea hasta el 18 de febrero de 2018.

Estando el ex frentista -y ex alumno del Colegio Latinoamericano de Integración- en París es detenido debido a la causa que mantiene pendiente de condena por el asesinato de Jaime Guzmán Errázuriz. Acá comienza el retorcimiento de los medios con la noticia, ya que casi la totalidad de éstos dijeron que había sido detenido por portar identidad falsa. Eso fue desmentido de plano por el abogado que representa a Palma Salamanca en París, el Sr. Jean-Pierre Mignard.

Radio Francia Internacional publicó hace 8 meses una entrevista con dicho jurista, el que no ahorra detalles al momento de poner en relieve la precariedad del estado de derecho de Chile, tanto en los momentos en que Palma Salamanca fue condenado como ahora en que hemos vuelto a tener un gobierno blanqueado en las urnas por la desinformación.

Luego de confirmar la solicitud de asilo político, Mignard hace la obertura a lo que se podría titular como una de las óperas más brillantes dentro del contexto de la oscuridad mediática en Chile. Nuevamente -como en muchos otros casos-, un extranjero nos abre los ojos. El abogado recalca, tras ser consultado por la solicitud de asilo de su defendido:


“Lo hicimos tomando en cuenta las condiciones en las que fue juzgado, la fecha en la que fue entregada su sentencia, es decir durante un período donde la influencia de la Junta Militar era aún considerable en la sociedad chilena, también por las condiciones en las que fue interrogado, y sobre ese punto debemos señalar los malos tratos que le fueron infligidos”.


Ricardo Palma Salamanca fue detenido el 25 de marzo de 1992, tiempo después de la liberación de Cristián Edwards, hijo del propietario de El Mercurio, Agustín Edwards. Eran tiempos de la transición, no de la Dictadura propiamente tal. No obstante, a la OFPRA le vale este argumento para otorgar el asilo político. De más está decir que ante estos argumentos la clase política chilena rasga vestiduras respecto a la fortaleza de nuestra democracia. Más adelante veremos quiénes personifican esos gritos.

Pero dejemos que fluyan los acontecimientos: lo que se descubre en esa entrevista no deja de sorprender, puesto que hace alusión a otro tipo de complicidad que fue más allá de lo que se transmitió en aquellos escalofriantes años 90.


“Sabemos las condiciones en las que se desarrolló la transición en Chile, la inmunidad que fue otorgada a todos los dirigentes de la Junta Militar y principalmente a un grupo de personas que cometieron violaciones a los derechos humanos y crímenes durante el gobierno del general Pinochet”.


Acto seguido, sentencia:

“Eso pudo haber funcionado para la sociedad chilena, permitió la transición, pero el derecho es el derecho y otros Estados no dependen de lo que fue ese acuerdo de transición. Hay verdugos que escaparon a lo que el derecho penal internacional hubiera juzgado, es decir, escaparon a ser juzgados y condenados”.


¿Recuerdan ustedes el largo peregrinaje de los más altos personeros de la Concertación apenas fue detenido Pinochet en Londres? Pues bien, ninguno de ellos pudo argüir razones de Estado favorables para Chile. En Europa, alimentada de noticias desprovistas de propaganda, los argumentos de la soberanía legal del Estado chileno eran más que precarias, toda vez que el Tirano había ido a un viaje no oficial a Gran Bretaña ¡con pasaporte diplomático! De más está decir que sólo pudieron atenerse a las dudosas “razones humanitarias” para lograr que Pinochet pudiera poner pie nuevamente en Chile (Y así fue, literalmente apenas bajó del avión). Pasar por demente, senil, enfermo y delirante fue el poderoso argumento ofrecido por los altos comisionados del gobierno de esa época, presididos por un atribulado José Miguel Insulza, quien debió renunciar a sí mismo para llevar adelante sus gestiones. La justicia chilena había quedado en grave entredicho desde entonces.

Mignard invoca esos mismos argumentos, frescos aún en la retina de Europa. Interiormente apela al mismo criterio que usó el Estado Francés cuando en los mismos años 90 la Corte Suprema negó la solicitud de extradición de Pinochet para ser juzgado por delitos de lesa humanidad contra ciudadanos franceses. Y es que el Poder Judicial aún no ha podido deshacerse de las manipulaciones políticas de las que ha sido “víctima” desde el gobierno de Salvador Allende. Esto, a mi juicio, ha ido más allá de tendencias e ideologías, lo cual puede demostrarse fácilmente con los cambios de giro dados desde los gobiernos más “liberales” a los más “conservadores”. Es más sencillo ver desde el tejado del Palacio de Tribunales la dirección de donde sopla el viento (cuál es la coalición que está gobernando) y fallar los casos de acuerdo a los raciocinios de esa tendencia. El poder judicial ha perdido parte de su independencia al actuar de esa forma y en el extranjero así lo entienden.

Y es en esa misma Europa, que vio cómo más de 50 millones de personas fueron muertas a causa de la Segunda Guerra Mundial, y de donde la misma Francia fue el epicentro de las atrocidades de guerra, donde se razona de esa forma. En Francia no tienen miedo ni vergüenza de poner a sus ciudadanos al corriente de su historia, menos de su Resistencia a la hora de invasiones extranjeras. Una de estas historias fue la de un pueblo que muy pocos deben saber. Se trata de Oradour-Sur-Glane.

En ese pueblo ocurrió la mayor de las matanzas del pueblo francés en tiempos de guerra. Fue el 10 de Junio de 1944, cuando una división del ejército nazi alemán llevó a todos los habitantes a la plaza mayor y a la iglesia para posteriormente fusilarlos o quemarlos vivos. Sin distinción de géneros o edades, religiones o estados de salud, fueron asesinados 245 mujeres, 190 hombres… y 207 niños. El pueblo, luego de ser incendiado, fue abandonado pues las tropas nazis iban al encuentro de su propia Causa y Efecto, el cual fue el desembarco de Normandia pocos días después.

Por orden del gobierno francés, Oradour-Sur-Glane fue declarado monumento nacional y nadie más vivió allí. Hoy es visitado por turistas de todas partes del mundo para recordar una de las mayores matanzas (y una de las más simbólicas de la Segunda Guerra Mundial). Pero más allá del recuerdo a los mártires de aquella nefasta masacre, permite refrescar el compromiso de un pueblo con su historia, para que NUNCA MÁS ocurran los acontecimientos que asolaron a un país que tiene muy claros sus conceptos de libertad y patriotismo. Y saben que el populismo insano y desmedido contribuye a reabrir las heridas del odio entre los pueblos.

¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues muy simple, en Francia están acostumbrados a liquidar al fascismo. Cada persona que hace alusión a esa nefasta ideología corre el riesgo de ser incluso encarcelada. En Chile son libres incluso de establecer alianzas políticas para elegir presidentes. O incluso, que es a estas alturas el temor más grande que vivimos como país, de elegir un presidente.

Nuestros Oradour-Sur-Glane están repartidos en Pisagua o Villa Grimaldi o incluso en Egaña 60 (Puerto Montt), pero aún nos debemos a la tarea de recordar y actuar en consecuencia. Un pueblo sin memoria difícilmente puede mirar al futuro con dignidad para enfrentarlo. Jamás dejemos de impresionarnos.

La causa constitucional

Otra de las razones puestas por el abogado defensor de Ricardo Palma Salamanca en Francia desvela íntegramente el profundo problema inmerso en otro de los pilares en que se levanta nuestro actual sistema social y político: la Constitución Política del Estado. Lo hace de una forma tan simple como brillante:


“Alegaremos y defenderemos el principio de que no reconocemos la validez de la decisión que se tomó en su contra en 1992, en un momento en que Pinochet seguía siendo el Comandante en Jefe del Ejército chileno”


Chile se vio a sí mismo perdido en una atmósfera de profunda soledad al terminar en 1989 de legitimar una de las instituciones más carentes de libertad y garantes de la represión al pueblo. Tanto la Concertación de Partidos por la Democracia como la Alianza por Chile decidieron fusionarse en un gran acuerdo legal para traicionar a la gente, aprobando y obligando a aprobar en aquel plebiscito de 1989 las 54 Reformas a la Constitución. De plano, los movimientos más radicales -que a esas alturas estaban al margen de toda negociación política- decidieron instaurar el nuevo sistema binominal. Esa amarga institución logró asegurar la presencia del partido de Pinochet y del cual el mismo Jaime Guzmán era su maestro de ceremonias: la Unión Demócrata Independiente, llevando consigo a Renovación Nacional.

En ningún sistema de elecciones en el mundo un senador es electo con un 17% de los votos mientras su contendor pierde al obtener un 30% de los votos. Ese fue el ejemplo de Jaime Guzmán y Ricardo Lagos en las elecciones de 1989.

Pero si pensamos que después de iniciado el gobierno de Patricio Aylwin terminarían las violaciones del estado de derecho, le voy a dar sólo dos ejemplos de que no fue así.

El primero tiene que ver con la creación de la Cárcel de Alta Seguridad. Fue el primer bastión erigido por el creador de la sentencia lapidaria: “en la medida de lo posible…”. A proposición del mismo Aylwin, dicha cárcel iba a albergar a los procesados por delitos calificados como terroristas según la ley. El cuerpo legal, creado durante el tiempo de Dictadura, ha tenido apenas modificaciones desde los tiempos de su creación hasta el día de hoy y ha sido cuestionado ampliamente por diferentes Organizaciones Internacionales Pro Derechos Humanos. Casi la totalidad de los encarcelados del FPMR fueron a dar a esa cárcel bajo esa ley, entre ellos Palma Salamanca. Eso puede explicar la cinematográfica fuga protagonizada por él y otros de sus compañeros el 30 de diciembre de 1996: simplemente fue un golpe en el rostro del sistema político imperante que permitió dejar a Pinochet como senador vitalicio. El represor por excelencia de la historia de Chile, el torturador y corrupto del estado por amplio margen iba a sentarse en un Senado a hablar y discutir sobre leyes. ¿Se da cuenta a estas alturas?

El segundo ejemplo tiene que ver con el mismo Patricio Aylwin, esta vez mandando al exilio a 26 personas condenadas por delitos terroristas. Militantes del FPMR, el MIR y el Lautaro fueron condenadas a la extraña figura legal del “extrañamiento”. 26 almas en pena sin poder volver a Chile a ver a sus familias, por 25 años o más. Al mismo tiempo que se decidía entre cuatro paredes si valía la pena o no comenzar a investigar las causas de violaciones a los Derechos Humanos, distorsionadas bajo la ley más maldita de todas: la Ley de Amnistía. Aquellos que cayeron prisioneros por defender la causa de la libertad de Chile fueron lanzados fuera de la misma patria que defendieron por las mismas personas que se beneficiaron de sus actos para establecer su sistema político.

Reacciones “liberales”

Volviendo al contexto de lo que se vivió ese 2 de noviembre, hubieron reacciones más que lamentables de parte de los personeros de la Convergencia Progresista, que intenta recapitular los pasos gloriosos que los llevaron al poder durante 20 años continuados. Llama la atención encontrarse con las declaraciones del senador José Miguel Insulza, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Quiero decir, debería, pero recordando los momentos vividos por él tras la detención de Pinochet en Londres ya no debería sorprendernos. Su sentencia fue ésta:


“Me parece muy lamentable (el otorgamiento de asilo a Palma Salamanca). Él fue condenado por la justicia chilena en democracia, empezó el cumplimiento de su pena en la Cárcel de Alta Seguridad y de ahí lo rescataron reconocidos terroristas internacionales. Es impresionante que se le considere un caso digno de asilo político (…) Creo que hay que pedir que se revoque el asilo.”


De acuerdo al prisma puesto en esta columna, es obvio que el señor Insulza obvia el contexto de una democracia bajo estricta supervisión militar, que conculcaba todas las libertades menos la económica, donde se ha basado el modelo neoliberal actual.

Otra de las joyitas encontradas en ese mismo momento fue la del senador Ricardo Lagos Weber, hijo del mismo presidente que bajo su mandato despachó al Congreso una Ley de Indulto a procesados por delitos tipificados en la Ley Antiterrorista. El parlamentario hace su perorata:


“El asesinato no es aceptable como instrumento político bajo ninguna circunstancia. En consecuencia, aquellos que lo cometen deben asumir sus responsabilidades. Cabe preguntarse por qué Francia o sus organismos entienden que en Chile no están las condiciones para llevar a cabo un proceso judicial y un cumplimiento efectivo de las penas por homicidio.”


Llama la atención, por decir lo menos, que el hijo del mismo político que fue llevado al cuartel central de la Policía de Investigaciones tras el atentado a Pinochet para librar de ser asesinado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) nos hable del asesinato como instrumento político. Recordemos que en ese mismo operativo, José Carrasco Tapia, periodista de la revista Análisis, fue acribillado por un grupo de la CNI.

Conclusión

Más allá de la revancha que supondría ver al estado actual en entredicho ante el otorgamiento del asilo político a Ricardo Palma Salamanca, debemos visualizar el tema con altura de miras. Debemos darnos cuenta, en primer lugar que un partido político como la UDI, que defiende las razones humanitarias para indultar a delincuentes de lesa humanidad, que es contraria a la Ley de Aborto (escasa, pero bueno… es lo que tenemos para comenzar), que es favorable a la pena de muerte y que aplicarían sin dudar la Ley Antiterrorista al pueblo mapuche no está a la altura de un contexto democrático. Los mismo que sollozan a voz en cuello por la extradición del ex frentista guardan silencio a la hora de extraditar al asesino de Víctor Jara o escondieron la cara por el fallo condenatorio a Manuel Contreras por el Caso Letelier. El partido de Pinochet, más enaltecido que nunca bajo las hordas de represión y falta de libertad que sostienen nuestra constitución, es un paradigma mundial de la inmoralidad anacrónica, el arquetipo del fascismo transformista que se ha desatado en Latinoamérica, como bien señala el abogado Mignard desde Francia:

“(Ricardo Palma Salamanca) es un militante antifascista, pero también es el producto de la terrible guerra civil que se vivió en Chile luego del golpe de Estado militar, de naturaleza fascista, contra un gobierno legítimo.”

La derecha chilena, por mucho que la prensa lo oculte, se encuentra en una enorme encrucijada que es analizada por la política internacional. Incluso el mismo presidente Sebastián Piñera, otro pinochetista que discurseó ávidamente desde Chile tras la detención de Pinochet en Londres hace 20 años, dijo que iba a enviar en persona la solicitud de que se reconsidere el asilo otorgado por la OFPRA, cosa que jamás se ha dado en la historia de dicho organismo. O sea, que la derecha chilena no va a escatimar recursos políticos para devolver a Chile al ex-frentista, so pena de exponer su propia inmoralidad y provocar (¿por qué no?) un incidente internacional con uno de los más influyentes países que ha pasado por Chile.

¿Y nosotros? Al pueblo chileno, les hago un llamado. Un llamado a la dignidad de la memoria, al deber de informarse, y a la misión de organizarse. Porque no esperen que la antigua izquierda les llame nuevamente, eso no va a suceder. Es nuestra misión la de poner nuestras demandas y faltas sobre la mesa del político e instarlo a trabajar. Porque, a estas alturas, es seguro que no va a haber una nueva Carta Magna, pero sí se podrá votar una nueva ley del Taca-Taca. Y eso es vergonzoso.

Chile Libre adhiere a la carta de solicitud de asilo a Ricardo Palma Salamanca, enviada a mediados de año y que puede usted leer en este enlace.

Vive la liberté…!

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