La vergüenza de la ayuda pública

Por Lic. Alejandro Marcó del Pont

Con “Las leyes de pobres”, de 1834, se sometió a un grupo social a condiciones degradantes y crueles, inspirada en una ideología que consideraba al necesitado delincuente, vicioso, inútil. Las leyes hacían referencia a toda una serie de normas y prácticas que, conjuntamente, formaban un sistema de ayuda legal a los pobres ingleses financiado con impuestos. ¡Con mis impuestos!

En la actualidad resulta que los pobres, los desempleados, los jubilados, los que aportaron impositivamente, los que apostaron a creer en la solidaridad intergeneracional y que el Estado tiene que asistir por eventualidades coyunturales, reaparecen como perezosos, improductivos, inmorales, choriplaneros o vagos. Los vividores del Estado.

El mundo cambió de humillar a los pobres a tratar de devolver el orgullo a quienes por numerosas razones habían quedado relegados de las bondades del crecimiento económico hasta mediados de los años setenta, lo que se llamó el Estado del bienestar. De ahí en más se retomó la idea de desmontar el orden social de postguerra, condenar y estigmatizar a quien solicite la ayuda. Lo extraño, en la actualidad, es la aceptación social de la deshonra por la necesidad y la reverencia a la opulencia.

Los receptores de la asistencia pública son los fracasados de la sociedad; en un periodo de desempleo creciente, quien no tenga trabajo está estigmatizado. Desde la década de los noventa, los grandes concentradores del ingreso nos han mostrado que pueden flexibilizar el empleo, bajar los salarios, imponer requisitos laborales inadmisibles y bombardear la expansión de derechos en general y de género en particular.

Veamos un poco cómo se puede desmontar el Estado del bienestar y degradar la ayuda pública con falsos argumentos y con el consentimiento social. ¿Por qué imaginar que está mal aumentar el gasto público en pensiones, jubilaciones, subsidio u asistencia social y no en la compra de armamento o el pago de intereses de deuda? ¿Se supone que matar multitudes o solventar a la banca es más provechoso que darle un mejor pasar en su vejez a un anciano solo porque ya no es “productivo”?.

Un detalle de la convocatoria a la marcha convocada por la Coordinadora No+AFP de agosto del 2016 (imagen vía Question Digital)

El parlamento húngaro votó en el 2018 una ley que extiende de 250 a 400 las horas extras que por año  los empleadores pueden exigirle que realicen sus trabajadores, y su pago se puede diferir hasta 36 meses (3 años). El gobierno supone que la medida es aceptable; de hecho, el parlamento la votó argumentando escasez de mano de obra en el país, que es resultado de su firme política anti migratoria. Esta ley se dio a llamar Ley de la esclavitud. O sea, el gobierno húngaro no dejó ingresar personas que necesitan trabajar, pero puedo abusar de su población en virtud de cuidar a los ciudadanos de los inmigrantes, solución poco imaginativa, pero regresivamente distributiva.

¡Le llama la atención la palabra (esclavitud) en pleno siglo XXI? Bueno, pues resulta que hay 45.8 millones de hombres, mujeres y niños atrapados por la esclavitud moderna, según revela el Índice Global de Esclavitud (https://www.globalslaveryindex.org/). El periodista ganador del premio Pulitzer, Alex Tizon, hizo una confesión en el texto titulado nada menos que “La esclava de mi familia” y que narra cómo una mujer filipina, bajo esa condición de servidumbre, atendió a la familia de Tizon durante 56 años, desde 1943 hasta 1999 (https://goo.gl/6ZBuPF)

Seguramente es un problema de vocabulario, quizás tengamos que recurrir a nuevas palabras para expresar esta insania y nos entiendan, porque las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Cómo aceptamos moralmente la explotación, la estigmatización y la continua ampliación de la desigualdad?

El mundo estuvo 150 años, desde las penurias sufrida por Oliver Twist de Charles Dickens, un huérfano que describe la humillación de la pobreza, hasta los años sesenta del siglo pasado, tratando de desarmar la degradación que implicaba la miseria. Malcolm X recuerda en sus memorias cómo los empleados sociales iban a su casa a «examinar» a su familia: «El cheque mensual de la ayuda era su salvoconducto……Nosotros no entendíamos por qué, si el Estado estaba dispuesto a darnos paquetes de carne, sacos de patatas, y frutas y latas de toda clase de cosas, nuestra madre odiaba aceptarlo. Lo que comprendí más tarde es que mi madre estaba haciendo un esfuerzo desesperado por conservar su orgullo y el nuestro (Algo va mal, Tony Judt, pág. 24).

Entre las dos guerras mundiales, gran parte del resto del mundo afrontó una serie de desastres sin precedentes. La I Guerra Mundial, la peor y más intensamente destructiva registrada en la historia, fue seguida de epidemias, revoluciones, el fracaso y la quiebra de Estados, el desplome de monedas y el desempleo a una escala nunca vista por los economistas tradicionales. Estos acontecimientos precipitaron la caída de la mayoría de las democracias del mundo en dictaduras autocráticas o en Estados de partidos totalitarios de distinta índole que llevaron al globo a una II Guerra Mundial, incluso más destructiva que la primera.

El Estado empezó a dirigir la economía para garantizar los suministros de guerra, las necesidades de producción, la planificación estatal, con posterioridad tuvo que intervenir para redireccionar la producción para la paz. Invirtió en la reconstrucción de los países, en la protección de las economías, subsidió y reguló las producciones, las innovaciones técnicas, etc.

“A la ‘clase media’ educada se le ofreció la misma asistencia social y servicios públicos que a la población trabajadora y a los pobres: educación gratuita, atención médica barata o gratuita, pensiones públicas y seguro de desempleo… En esto consistía la ‘meritocracia’: en que, gracias a la aportación del erario público, pudieran abrirse las instituciones de la élite a una masa de aspirantes» (Algo va mal,  39).

En las tres décadas que siguieron a la guerra, economistas, políticos, comentaristas y ciudadanos coincidían en que un gasto público alto, administrado por las autoridades nacionales o locales con libertad suficiente para regular la vida económica a distintos niveles, era una buena política. A quienes no estaban de acuerdo se les consideraba curiosidades de un pasado olvidado ‒ideólogos irracionales que buscaban hacer realidad sus entelequias‒ o egoístas defensores del interés privado sobre el bienestar público. El mercado seguía ocupando su lugar, el Estado desempeñaba un papel.

“Así, estamos condenados a confiar no sólo en personas que no conocemos hoy, sino en personas que nunca pudimos conocer y que nunca conoceremos, con las que mantenemos una compleja relación de interés mutuo. Si aumentamos los impuestos o emitimos un bono para costear un colegio en nuestro distrito, es muy posible que los principales beneficiarios sean otras personas (y sus hijos)» (Algo va mal, pág. 58). Personas que no conocemos serán merecedoras de provecho de trenes, investigación, ciencia médica, educación, seguridad social, gastos colectivos, subsidios.

¿Quiénes son los otros? Son nuestros abuelos a quienes les pidieron pasar el invierno con sobriedad, sin gastos, ajustando el cinturón que garantizaría una mejora a las futuras generaciones, o a nuestros padres que les exigieron sobrellevar los ajustes para un país mejor. Quizás nosotros mismos, a quienes  nos demandan austeridad para salir adelante. Nadie vio los frutos de abstinencia, de las penurias ni las miserias. Pero un día pagamos nuevamente con ajustes por derrochar, despilfarrar, por vivir por encima de nuestras posibilidades. ¿Eso cuando sucedió? ¿Y los años de austeridad quién se los llevó?

¿Los otros, los que no conocemos, los hijos del vecino, los nietos del ferretero, en los que depositamos nuestra confianza, el pago de impuestos, fueron los que se llevaron los ahorros de los ajustes, de la austeridad, de las miserias? No, se los llevó el 1% de la población mundial que se queda con el 82% de la riqueza. Los mismos que ahora nos han metido en la cabeza que el gasto público es perverso, peligroso y desequilibrante. Que la intervención estatal y los derechos sociales son dádivas costosas de nuestros gravámenes.

Imagen de un «conventillo», un tipo de vecindad muy común en la sociedad obrera chilena a inicios del siglo XX (imagen vía Memoria Chilena)

Estamos peligrosamente retomando los códigos del 1800, de las leyes de pobres, que derivaron en crisis, revueltas, guerras y miserias. La desigualdad es cada vez mayor y algunos, emisarios delegados de las desgracias, que creen que ser economista es ser simple ejecutor a sueldo de la desigualdad, nos dicen que es lo único que se puede hacer.

Esto no siempre fue así. Hay que encontrar otras palabras para dar respuesta a las mismas preguntas. No podemos transmitirles a nuestros hijos que en la batalla cultural perdida hay que rendir culto al beneficio material, despreciar al pobre, al sector público y a la solidaridad.

Puede ver todas las entradas de nuestro columnista en su web eltabanoeconomista.wordpress.com

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