El miedo en la historia de Chile (IX). Temor y rebeldía en los años ochenta:

Panfleto de la campaña del SÍ, que enumera las macabras consecuencias de un hipotético triunfo del NO (extraído del sitio https://www.bcn.cl/estanteriadigital/resultados?terminos=siete+consecuencias+del+no&coleccion=panfletos)

La década de 1980 comenzó en nuestro país con la “aprobación” vía plebiscito, de la nueva Constitución Política. Este proceso estuvo plagado de irregularidades, pues como lo reconoció el ex agente de la CNI y “mocito” de Manuel Contreras, Jorgelino Vergara, muchos integrantes de ese organismo votaron en más de una ocasión en diferentes partes de Santiago, abultando artificialmente el número de votantes; además el voto era semitransparente, lo que permitía a los votantes de mesa (adherentes de Pinochet) criticar a aquellas personas que votaron en contra, y se cortaba la punta de las cédulas de identidad de los votantes. Esto último dio origen a rumores amenazantes, sobre las consecuencias negativas que acarrearía el no participar en el plebiscito (problemas para efectuar trámites legales, imposibilidad de cobrar cheques y pensiones, etc). Por otra parte, y debido al Plan Laboral de José Piñera de 1979, se dio término al poder sindical característico de las décadas anteriores, pues impidió la organización de los trabajadores según el rubro productivo, prohibió las huelgas en el sector público, y despolitizó los sindicatos. Tampoco podemos olvidar que en estos años se crearon las isapres y AFP que, como sabemos y sufrimos, han entregado un monto irrisorio a la mayoría de los jubilados (según estudios de la fundación SOL la mitad de las personas jubiladas para mayo de 2017, recibieron pensiones inferiores al salario mínimo). Por último fue en esta época cuando el modelo neoliberal implantado a la fuerza en Chile provocó una de las crisis económicas más grandes de nuestra historia reciente, pues diversos factores internos y externos (desregulación bancaria y especulación financiera, aumento de importaciones, desmantelamiento de la industria nacional, alzas en el precio del petróleo) llevaron a un aumento de la inflación y cesantía, así como de quiebras de empresas; el estado se vio obligado a intervenir económicamente para impedir que la crisis aumentara, lo que iba en contra del dogma neoliberal. Además instauró políticas de emergencia para paliar la cesantía (que llegó a un 26,4% en 1983), sobre todo en los sectores poblacionales, tales como el PEM (Programa de Empleo Mínimo) y el POHJ (Programa Ocupacional para Jefes de Hogar). Debido a este oscuro panorama de crisis económica, sumado a la aparición de grupos opositores y en rechazo también a la violencia estatal (expresada por ejemplo en el asesinato del dirigente gremial Tucapel Jiménez), buena parte de la población nacional comenzó a manifestarse en las calles a partir de mayo de 1983, por medio de las “protestas nacionales”.
Estas demostraciones de rechazo a la dictadura, iniciadas por trabajadores del cobre y universitarios, nos muestran que una parte importante de los habitantes del Chile de entonces empezó a dejar de lado el miedo, expresando su rabia por las malas condiciones de vida y la “cultura de la muerte” que el régimen puso en práctica durante diez años. Como era de esperarse las protestas fueron brutalmente reprimidas, ya sea por carabineros, militares o civiles armados (muy posiblemente agentes de la CNI), pero no frenaron el malestar general, en especial en las poblaciones, en donde las manifestaciones terminaron dando paso a actos de vandalismo en varias oportunidades. Por ello no es de extrañar que la dictadura hubiera llevado a cabo verdaderos operativos de guerra psicológica, puesto que comenzaron a circular rumores en diferentes poblaciones de Santiago, que hablaban de ataques inminentes por parte de pobladores de sectores vecinos. Este miedo al vecino, al Otro procedente de un lugar distinto aunque cercano, provocó angustia y un verdadero clima de psicosis entre la gente afectada. Este fenómeno se dio en 1983 y 1985, en poblaciones como La Bandera o Pablo de Rokha (ubicadas en el sector sur de la capital), y fueron registrados por la prensa oficial y opositora, interpretando lo ocurrido como fruto de amenazas reales de otros pobladores, o como una operación psicológica estatal, ya que en ocasiones fueron carabineros y militares quienes originaron o alimentaron la sensación de amenaza. En ambos casos la situación fue controlada gracias a la intervención de organismos poblacionales y de la Iglesia, pues las autoridades no habrían intervenido para resolverla.

            También en 1983 comenzó su actuar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conformado por militantes del PC y creado como un grupo armado que buscaba derrocar por las armas al régimen; este cambio en la actitud de los comunistas chilenos (que tuvieron un rol conciliador y menos intransigente que los socialistas durante la UP) se debió en parte a la muerte y desaparición de cientos de sus militantes (incluyendo directivas centrales) tras el Golpe, así como a las críticas de Cuba y otros regímenes marxistas por el rol “pasivo” (contrario a la lucha armada) jugado por el partido en el gobierno de Allende. El FPMR efectuó varios atentados y ataques a miembros de las fuerzas armadas y de orden, destacándose el fallido intento de magnicidio contra Pinochet en 1986, que produjo la muerte de cinco de sus escoltas. La respuesta del régimen fue brutal, pues se asesinó a cuatro figuras de izquierda (incluyendo el periodista José Carrasco); al año siguiente la CNI mató a doce frentistas en diferentes partes de Santiago, haciendo pasar los homicidios como “enfrentamientos”. También en respuesta al secuestro del coronel de la FACH Carlos Carreño, en septiembre de 1987, los agentes del estado secuestraron, mataron e hicieron desaparecer los restos de cinco frentistas. A lo anterior se suman otros casos emblemáticos de violaciones a los DDHH, como el “caso degollados” de 1985, que llevó a la renuncia del integrante de la Junta César Mendoza (lo que habría causado malestar en carabineros, así como rumores de que planeaban derrocar a Pinochet por la renuncia de su superior), el “caso de los quemados” de 1986, y el secuestro y desaparición del poblador Héctor Pacheco Avendaño el 14 de noviembre de 1989 (el último caso de DD de la dictadura, menos de cuatro meses antes de que Patricio Aylwin recibiera la banda presidencial), así como el asesinato del dirigente del MIR Jécar Neghme en septiembre de ese año, a manos de la CNI. Este breve recuento nos muestra que el actuar represivo por parte del estado se extendió hasta los últimos meses de la dictadura.

A todo lo anterior hay que añadir el plebiscito de 1988, pues fue la instancia en la que se expresó con mayor visibilidad el miedo y odio al Otro, por parte del régimen y sus partidarios. Mientras la campaña de la opción NO se enfocó en la recuperación de la libertad y la democracia perdidas, y en el retorno de “la alegría” tras 17 años de sufrimiento y opresión, la propaganda oficialista del SÍ a Pinochet se concentró por un lado en enfatizar los logros del gobierno militar, y por otro en realzar y exagerar el peligro que significaba para Chile el triunfo de la oposición. Como lo muestra el panfleto que ilustra esta columna, los adherentes de Pinochet creían que el triunfo del NO significaría el retorno de la Unidad Popular, con todo lo que ello implicaba según su perspectiva (retorno de las “colas”, llegada de guerrilleros cubanos, fin de la libertad económica y de expresión, sometimiento a la URSS, etc); esto también lo manifestaron en los spots televisivos, que buscaron asociar con el NO el desabastecimiento y violencia vividos durante la UP, equiparando también a los opositores con “extranjeros” (seguidores de ideologías foráneas) y por lo tanto no ser verdaderos chilenos, sino traidores y extremistas. En suma la propaganda del SÍ tendió a la polarización y división entre “buenos” y “malos”, chilenos y extranjeros, abundancia y pobreza, violencia política y tranquilidad. Sobre esto último, como señalan Elizabeth Lira y María Isabel Castillo en su libro Psicología de la Amenaza Política y del Miedo, la propaganda oficialista condensó los elementos discursivos que fundamentaron el golpe de 1973 y la represión posterior, es decir la polarización y la exclusión, equiparando además el terrorismo estatal y cotidiano con los casos puntuales de violencia política ocurridos durante la dictadura (ya mencioné en mi columna anterior que hubo pocas bajas militares durante estos años, en comparación con los miles de ejecutados, desaparecidos y torturados). A pesar de lo anterior, esta propaganda maniqueísta no impidió el triunfo mayoritario del NO en octubre de 1988. Empero, las principales figuras políticas de la oposición y del régimen llegaron a acuerdos, expresados en reformas constitucionales que entre otros puntos mantuvieron el sistema binominal y dificultaron el poder presidencial para nombrar y retirar a personal de las FFAA. Asimismo en sus últimos meses de gobierno la dictadura dictó leyes como la LOCE y la ley reservada del cobre, se prohibió el aborto terapéutico, se reasignaron agentes de la CNI al Ejército y se privatizaron varias empresas estatales. Todo esto nos muestra que la alegría llegó…hasta cierto punto, y no del todo, como esperaban los millones de votantes que acudieron a las urnas, con la esperanza de derrotar al dictador y a su obra con un lápiz. 

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