Los que desaparecieron en el camino. La rebelión del Alto Biobío y la masacre de Ranquil (1934):

Foto que muestra los cadáveres de al menos cinco niños (dos de ellos señalados con flechas), presuntas víctimas de la masacre de Ranquil, cometida por carabineros en 1934. Imagen publicada por el semanario Izquierda (20-2-35).

En las primeras décadas del siglo pasado, los terrenos ubicados en el Alto Biobío y Lonquimay sufrieron un problema legal, característico de las zonas sur y austral del Chile de la época: la disputa por su posesión. En efecto, por un lado las familias Bunster y Puelma recibieron del Estado cientos de miles de hectáreas, mientras que por otro los gobiernos de entonces también buscaron dar tierras a los colonos chilenos pobres, que volvían de Argentina. A esta ecuación hay que sumar la presencia de familias mapuche, que residían en el área huyendo de la “Conquista del Desierto” trasandina y de la ocupación de la Araucanía en Chile, así como varios miles de trabajadores (obreros cesantes de las salitreras) que construyeron el túnel ferroviario Las Raíces, o que se dedicaron a lavar oro en los ríos cordilleranos. Los colonos chilenos fueron ubicados en Ranquil y Nitrito, donde recibieron 4 mil hectáreas, que les fueron disputadas por la sucesión Puelma Catillo. Se intentó resolver este problema en 1930, durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, creando reservas de tierras fiscales para que los colonos se pudieran instalar y trabajar la tierra; este logro se debió a la labor del Sindicato Agrícola de Lonquimay (agrupación de pequeños propietarios y campesinos sin tierra), encabezado por Juan Segundo Leiva Tapia, que pidió ayuda al gobierno para obtener tierras. Si bien recibieron el apoyo de Ibáñez y de su sucesor, Juan Esteban Montero, el triunfo logrado por los campesinos sufrió un retroceso a principios del segundo gobierno de Arturo Alessandri, ya que los representantes de las sucesiones Puelma y Bunster, a quienes pertenecían las tierras cedidas por el Estado, solicitaron el desalojo de los colonos, pues el Ministerio de Tierras y Colonización declaró “nulos” los decretos que estipularon la cesión de esos terrenos. Como consecuencia, un grupo de campesinos fue expulsado de sus tierras y “reubicado” en un inhóspito lugar en la cordillera, llamado La Matanza, mientras que los colonos que se quedaron en un fundo vecino sufrieron las malas condiciones climáticas y la poca tierra de que disponían.

A finales de junio de 1934 se desencadenaron los hechos: el día 27 los colonos sublevados, armados con garrotes, armas blancas y algunas de fuego, junto con trabajadores de los lavaderos y, según versiones no confirmadas, unos cien mapuche, se lanzaron al ataque contra las pulperías de la zona, saqueándolas y matando a golpes a dos carabineros, a quienes les arrebataron sus armas y cabalgaduras. 2 días después mataron a dos pulperos (en venganza por el alto precio de los productos básicos), secuestraron a un matrimonio dueño de un fundo y se enfrentaron a un destacamento de carabineros a orillas del río Ranquil, muriendo muchos sublevados en el combate. El gobierno reaccionó a estos sucesos enviando un tren con tropas de carabineros a la zona, más dos aviones encargados de patrullar y, si fuera necesario, bombardear a los insurrectos; la prensa y los políticos interpretaron estos hechos como un “levantamiento comunista” que buscaba derrocar al gobierno e implantar un soviet campesino e indio en la región. Ante esto se debe aclarar que, si bien Leiva (profesor primario e hijo de colonos que se establecieron en la zona) había comenzado a acercarse al Partido Comunista poco antes del levantamiento, viajando incluso a Montevideo a un Congreso Antiguerrero (convención organizada por la Internacional Comunista o Komintern) no llegó a ser un militante regular del partido, sino que habría sido un carismático líder popular simpatizante del comunismo, instruido y con ideas igualitaristas que buscaron favorecer al campesinado del Alto Biobío; de allí su apoyo a gobernantes que apoyaron su causa, como Ibáñez y Montero, que no fueron precisamente “comunistas” (durante la dictadura de aquel hubo una fuerte persecución en contra del PC). Más aún, su acercamiento a los comunistas chilenos se habría debido a su decepción, ante la falta de apoyo a los proyectos de colonización campesina, por parte del gobierno de Alessandri. Por otro lado, aunque es cierto que algunos militantes comunistas participaron en la sublevación (como Higinio Godoy, dirigente de la Federación Obrera de Chile), no puede afirmarse que el PC local influyó en el estallido de la revuelta, pues no hay pruebas fehacientes de ello. En base a todo lo anterior se puede afirmar que el levantamiento de Ranquil no fue preparado por los comunistas, sino que fue gatillado por las duras condiciones en las que vivían los campesinos y trabajadores de la región, y en especial por el desalojo de que fueron víctimas 64 familias.

            Retomando el punto, tras el enfrentamiento en el puente sobre el río Ranquil, los carabineros capturaron a Leiva poco después. El líder del movimiento murió baleado en medio de un intercambio de disparos entre los campesinos y las fuerzas de orden, en el sector de Lolco, ubicado a 70 kilómetros de Lonquimay. Fue aquí en donde los sublevados se rindieron, al verse en minoría frente a la fuerza policial comandada por el general Humberto Arriagada, que capturó a varios centenares de campesinos (entre 300 y 600). Algunos lograron escapar, arrojándose a las aguas del río y refugiándose en algunas reducciones mapuche; pero el resto fue llevado a Temuco a principios de julio, y es aquí donde comienza la gran tragedia: de varios cientos de prisioneros, que incluían las familias de los involucrados (mujeres y niños), apenas llegaron a Temuco entre 53 y 70 detenidos. Las fuentes oficiales explicaron la disparidad de cifras señalando que muchos involucrados se suicidaron arrojándose a los ríos, o que fueros asesinados por las “turbas” de Leiva. Pero el caso es que, como señala Felipe Portales, muchos prisioneros (al menos más de 300) “desaparecieron” en el camino a la capital de la provincia de Cautín, a manos de sus captores. Este hecho provocó indignación entre algunos personajes públicos, como el senador democrático Juan Ignacio Pradenas quien señaló tener antecedentes para creer que “la mayor parte de estos hombres fueron asesinados cobardemente, sin juicio previo, sin establecerse responsabilidades”, o el abogado de la FOCH Gerardo Ortúzar, quien dijo haber presentado “una demanda criminal para la averiguación de numerosos delitos de los cuales ha tenido conocimiento. Entre los más graves figuran asesinato de toda la familia Sagredo, con mujeres y niños entre los cuales aparece una anciana de 70 años y una guagua de dos años (…), asesinato después de su detención sin que opusieran la menor resistencia de Marco Hermosilla, Cesáreo y Anselmo Orrego, Silvario Ortiz, Manuel Muñoz, José Benicio Reyes, y numerosas otras personas largo de enumerar”. Precisamente la fotografía que encabeza esta columna, publicada en la portada del semanario Izquierda el miércoles 20 de febrero de 1935, muestra los cadáveres de un grupo de al menos cinco niños, hijos de campesinos de Ranquil y que habrían sido asesinados por los carabineros. Además se habla de varios muertos a manos de las fuerzas de orden, en los enfrentamientos en el Alto Biobío, con cifras que van de 60 a casi 500 muertos, entre campesinos y mapuche. También otras fuentes hablan de “asesinatos en masa” de labriegos mapuche y pehuenche involucrados en la sublevación, incluyendo al lonko de Ralco Ignacio Maripe, a quien los carabineros le habrían arrancado los ojos, lengua y orejas (también se dice que habría sido desollado).    

            ¿Qué tenemos en conclusión? Por un lado entre 6 a 10 personas (incluyendo dos carabineros) muertos por los colonos y trabajadores alzados, liderados por Leiva; por otro, un número indeterminado de muertos y desaparecidos a manos de carabineros, pero que al menos asciende a varios centenares. Aun cuando muchas mujeres y niños, familiares de los involucrados en el alzamiento, recibieron ayuda de particulares y del Socorro Rojo Internacional (una especie de Cruz Roja de izquierda), y que es posible que algunos de los involucrados se hubieran fugado a Argentina, así como que el gobierno decidió comprar un par de fundos para reubicar a las familias campesinas de Ranquil, y que amnistió a los partícipes de la sublevación (los últimos seis reos, presos en Temuco, fueron absueltos en marzo de 1935), nunca se investigó oficialmente lo que le ocurrió a los centenares de personas muertas y hechas desaparecer por carabineros, ya sea en el Alto Biobío o durante la marcha a Temuco. El general Arriagada se involucró cuatro años después en otra matanza, la ocurrida en el edificio del Seguro Obrero (actual Ministerio de Justicia) en septiembre de 1938; hasta hoy el hospital institucional de Carabineros lleva su nombre. Lo que ocurrió en los contrafuertes cordilleranos de Lonquimay hace casi 85 años no sólo fue el levantamiento minero y campesino más grande de nuestra historia hasta entonces, sino que también su sangriento resultado, además de ser una masacre poco conocida en la actualidad, puede interpretarse como un presagio de lo ocurrido tras el Golpe de Estado de 1973, esto es, millares de ejecutados políticos y desaparecidos por un lado, y una cifra muy menor de muertos por el otro. Todo por el derecho a tener una existencia más digna y justa.  

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