Prohibido leer: la censura contra los libros a lo largo de nuestra historia (II).

Un par de sonrientes soldados queman libros de izquierda tras el Golpe de Estado, en 1973. Fuente imagen: https://www.pinterest.cl/pin/810718370390724802/?lp=true

Como se mostró en la columna anterior, la censura contra todo tipo de libros durante la historia chilena ha sido una constante, independiente de los grupos que la pusieron en práctica (Iglesia, oligarquía, o algunos conglomerados empresariales). Sin embargo, fue durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, que la supresión de varios escritos alcanzó una magnitud considerable, nunca antes vista en nuestro pasado (tal vez semejante a la censura ejercida por la corona española durante la Colonia). La reprobación de las nuevas autoridades tras el Golpe de Estado se enfocó en aquellos escritos considerados “subversivos”, ya fuera por la ideología política de izquierda de los autores o su contenido, y la muestra más palpable de esta “censura ideológica” fue la quema de libros en las Torres San Borja, el 23 de septiembre de 1973: esa mañana, tras allanar el conjunto de edificios, los soldados reunieron todas las obras “marxistas” que encontraron y las quemaron en una pira, junto con afiches y banderas de países de la órbita socialista; los uniformados llevaron su celo antimarxista a límites ridículos, pues no sólo destruyeron libros de la editorial estatal Quimantú, escritos de pensadores como Marx y Lenin, u obras literarias y poéticas de Neruda, Manuel Rojas y otros autores locales y extranjeros con tendencias de izquierda, sino que también alimentaron la hoguera con obras referentes al cubismo, pues creyeron que se relacionaba con Cuba (otra versión indica que un oficial requisó todos los escritos de una librería referentes al arte cubista, por el mismo motivo), o con otros textos cuyos títulos incluían palabras que se prestaban para equívocos parecidos, como uno sobre el hormigón armado (alguien “pensó” que tenía relación con las armas) u otro de física, titulado La resistencia de los materiales. La pira biblioclasta ardió durante unas ¡catorce horas! al menos, mientras duró el allanamiento. Escenas parecidas se vieron en otros lugares de Santiago y el resto de Chile, como en Valparaíso, donde miembros de la Armada lanzaron al mar los ejemplares del clásico ensayo sociológico Para Leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman (quien debió exiliarse), y en otras ciudades y pueblos como Vallenar y Puerto Natales, en donde se sacaron y destruyeron obras marxistas o de izquierda, procedentes de las bibliotecas públicas, bajo la aprobación del director de Bibliotecas, Archivos y Museos, el académico y escritor Roque Esteban Scarpa. Si bien en la Biblioteca Nacional no se destruyeron los libros polémicos, sino que fueron dejados en una biblioteca menor, los archivos universitarios no tuvieron la misma clemencia, siendo la principal afectada la Universidad de Chile: tres días antes del ya mencionado allanamiento a las Torres San Borja, los militares quemaron varios textos procedentes de la biblioteca de la Facultad de Medicina, incluyendo los ejemplares de la Serie Roja (sobre los glóbulos rojos) y folletos sobre primeros auxilios, entre libros de figuras de izquierda como Mao Zedong, la socióloga Marta Harnecker o el historiador Hernán Ramírez Necochea; también se incautaron y destruyeron libros de las otras facultades, en especial del Instituto Pedagógico, que poseía una biblioteca importante. También resultaron afectadas las colecciones bibliográficas de la Universidad Técnica del Estado (actual USACH), Universidad Católica y Universidad Federico Santa María, de la cual los marinos requisaron tras el golpe nueve toneladas de “literatura marxista”. Huelga decir que los agentes de seguridad también confiscaron y destruyeron libros de todos los colegios, a lo largo de Chile; estas “operaciones limpieza” (como las denominaron las autoridades de la época) generaron un impacto profundo en la población ya que muchas personas, atemorizadas ante la perspectiva de ser detenidas por los militares, por la sola posesión de libros o de cualquier otra expresión de izquierda, decidieron botarlas en la calle o destruirlas (o enterrarlas) al interior de sus casas, como lo hicieron mis padres con un disco de Víctor Jara y una foto de Allende, en el pueblo de Laja. Por su parte, más de tres millones de textos de la editorial estatal Quimantú (“Sol del Saber” en mapudungún) fueron quemados o triturados por los militares, siendo convertidos en este último caso en materia prima para la fabricación de cartones y papeles; en cuanto a la editorial, fue desmantelada y rebautizada como Editora Nacional Gabriela Mistral a fines de 1973, publicando obras de tendencia nacionalista y antimarxista (afines al nuevo régimen) hasta que, debido a la crisis económica y la censura cultural de la dictadura, fue declarada en quiebra en 1984, rematándose su maquinaria.    

            Además de su destrucción, el libro durante este período sufrió la censura de las autoridades castrenses, prohibiendo (o intentando negar) su publicación o difusión: ese fue el destino de diversas obras, como los libros de poemas Incitación al nixonicidio (una de las últimas obras de Pablo Neruda, en donde muestra su apoyo al proceso de la UP y crítica a la derecha y al gobierno de Nixon) y Mal de amor (Óscar Hahn), novelas como Eloy y Matar a los viejos (ambas de Carlos Droguett), Mi camarada padre (Baltazar Castro) y La viuda del conventillo (Alberto Romero), antologías de cuentos como Míster Jara (Gonzalo Drago) y El chilote Otey y otros relatos (Francisco Coloane), recopilaciones de documentos como El pensamiento social del cardenal Silva Henríquez (sacerdote Luis Antonio Díaz), y memorias como Historia de Patria y Libertad (escrita por uno de sus fundadores, Manuel Fuentes Wendling), entre muchos otros textos que fueron prohibidos y decomisados por las autoridades. Incluso se llegó al extremo de censurar un cuento infantil, titulado Los monos hacen lo que ven, considerado “subversivo” por los militares. De hecho se dieron algunas situaciones absurdas, en la misma línea de los libros destruidos por contener palabras “prohibidas”, como ya fue mencionado con anterioridad: la novela psicológica Los asesinos del suicida (en una de cuyas páginas se criticaba al antimarxista almirante Merino), a pesar de haber sido publicada en marzo de 1973, llevó al arresto de su autor, Gustavo Olate, quien pasó tres meses encarcelado en el campo de prisioneros clandestino de Cuatro Álamos, hasta que un oficial se dio cuenta de su fecha de publicación, seis meses antes del Golpe; empero los censores (que trabajaron durante la dictadura en el ministerio del Interior bajo diferentes nombres, como Departamento de Evaluación o Dirección de Fiscalización) no autorizaron su publicación, a menos que le cambiara el título. Algo parecido le sucedió al escritor de derecha nacido en Austria Erich Rosenrauch, quien en 1977 fue arrestado y además sufrió el secuestro, por parte de la policía, de los ejemplares de su novela de ciencia ficción Muertos útiles, que narra la descabellada idea del dictador Anastasio, líder del ficticio país latinoamericano de Osmania, para paliar la crisis energética de su nación (utilizar cadáveres humanos como fuente de combustible); aun cuando fue liberado tras descubrirse que su texto no guardaba relación con la contingencia nacional de entonces, nunca recuperó los manuscritos ni ejemplares de su obra. Recién en 1989, once años después del fallecimiento del autor (entristecido por la censura de que fue objeto su escrito) la editorial Pehuén reeditó esta novela, con una trama parecida a la ficción de Jorge Baradit, aunque de lectura difícil. Tampoco se libraron de la censura los escritores reconocidos como Jorge Edwards, cuyas críticas memorias sobre su experiencia como encargado de negocios de la UP en Cuba, publicadas bajo el título Persona non grata a fines de 1973, fueron objeto de rechazo tanto por la izquierda occidental (al reprobar la represión castrista contra los intelectuales isleños) como por la dictadura chilena, pues en el prólogo Edwards atacó a Pinochet; por ese motivo en 1983 (mismo año en que se anunció oficialmente el fin de la censura previa a los libros) una nueva edición de este texto no pudo ingresar al país, por orden del Ministerio del Interior. Otro afamado autor que fue víctima del recelo literario gubernamental en los ochenta, fue el polémico Enrique Lafourcade, fallecido hace poco: en 1984 su novela El gran taimado, en donde criticaba a la dictadura y a Pinochet (el “gran taimado” del título), generó reacciones violentas por parte del régimen, pues desconocidos destruyeron la librería del autor, ubicada en la plaza Mulato Gil, así como casi todas las copias del libro; también apedrearon su casa. Frente a esta amenazante situación, y siguiendo el consejo de un oficial retirado, Lafourcade huyó a Buenos Aires para protegerse, retornando a Chile tres semanas después. Reeditó su novela el 2005, a pesar de su promesa inicial de no hacerlo.    

            Huelga decir que tampoco se salvaron de la censura cívico-militar las obras de grandes autores latinoamericanos, críticos de la dictadura chilena, como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Un libro de este último en particular sufrió los rigores de la desaprobación, por parte de los mandamases de entonces: nos referimos a su reportaje de 1986 La aventura de Miguel Littin clandestino en Chile, en donde narra el viaje clandestino que efectuó el cineasta (pues las autoridades locales le habían prohibido regresar de su exilio) a lo largo de nuestro país, para filmar nuestra realidad sociopolítica durante los últimos años de la dictadura. En noviembre de ese año, y en base a que el libro supuestamente “transgredía” la ley de Seguridad Interior del Estado, el jefe de Zona en Estado de Sitio de Valparaíso, vicealmirante Hernán Rivera Calderón, ordenó la quema de casi quince mil ejemplares de la obra del Nobel colombiano, efectuada por agentes de Investigaciones en la Aduana del puerto; también fueron incineradas las copias del libro Proceso a la izquierda, del político venezolano Teodoro Petkoff. Este hecho fue rechazado tanto por la oposición como por los adherentes a la dictadura, pues iba en contra de las campañas oficiales de fomento a la lectura.    

            Junto con la erradicación y la prohibición, una tercera forma de censura literaria en estos años, más sutil, fue la demora en la aprobación de las solicitudes para publicar libros, por parte del Ministerio del Interior y en especial de DINACOS (Dirección Nacional de Comunicación Social), organismo dependiente de la Secretaría General de Gobierno y creado oficialmente en 1976, cuya tarea era aprobar o vetar los contenidos de todos los medios de comunicación. Paradójicamente entre los escritores afectados estuvo la impenitente agente de la DINA (y partícipe en los atentados contra Prats, Leighton y Letelier) Mariana Callejas, quien terminó por auto editar su libro de cuentos La larga noche en 1981, después de que DINACOS prohibiera su publicación el año anterior, por considerarlo “conflictivo” y porque, aparentemente, creyó que la autora buscaba sacar provecho del escándalo generado por el caso Letelier. Un retraso mayor sufrió la novela psicológica y de venganza Triángulo para una sola cuerda, de Antonio Montero, pues debieron pasar cuatro años para que las autoridades permitieran finalmente su circulación, en 1985. La razón para esta demora estaría en las referencias del escrito, al ambiente sociopolítico y económico imperante en Chile después de 1973.   

            No sólo la ficción fue víctima de la censura dictatorial, sino también los libros de reportajes escritos durante estos años, en especial aquellos referentes a casos emblemáticos de violaciones a los DDHH: uno de los primeros fue Lonquén, del abogado Máximo Pacheco (y cuya portada se puede apreciar en la imagen inferior de esta columna), quien describió con la mayor imparcialidad posible, en base a documentos judiciales y periodísticos, el atroz hallazgo de los cadáveres de trece lugareños de Isla de Maipo que fueron detenidos, asesinados y enterrados ilegalmente por carabineros dentro de unos abandonados hornos de cal, casi un mes posterior al Golpe, así como su hallazgo casual cinco años después. La publicación de este libro fue impedida en 1980 por el jefe de Zona en Estado de Emergencia de Santiago (y posterior director de la CNI), general Humberto Gordon, aduciendo que “no ayuda a la convivencia fraternal de los chilenos y haber sido este caso conocido por la opinión pública”; en el mismo sentido se manifestó el director de DINACOS, Jorge Fernández Parra. A pesar de que la Corte de Apelaciones capitalina rechazó el recurso de protección interpuesto por Pacheco y Genaro Arriagada, con el cual buscaron revertir la decisión del general Gordon, finalmente en 1983 se pudo publicar esta obra. La destacada periodista Patricia Verdugo (lamentablemente fallecida el 2008), también sufrió la censura de algunos de sus libros en los ochenta, como Detenidos-desaparecidos: una herida abierta (su primer texto, coescrito con Claudio Orrego), que también fue vetado por Gordon en 1980 y en donde se refirió al caso Lonquén, entre otros hechos de desapariciones forzadas. Su tercer título, Rodrigo y Carmen Gloria: quemados vivos (1986), también generó resquemor entre las altas esferas castrenses, provocando que su autora tuviera que declarar ante la justicia militar; fue declarada inocente de las acusaciones en su contra.          

            La represión y destrucción de libros ejercida a lo largo de la dictadura tuvo varios efectos, como la autocensura por parte de escritores y periodistas, que en ocasiones terminaron por dar a conocer sus escritos muchos años después del retorno a la democracia: un ejemplo es la conversación entre el ya mencionado escritor Carlos Droguett e Ignacio Ossa, profesor de literatura de la Universidad Católica, realizada en la clandestinidad en julio de 1975; poco después Droguett y su familia salieron al exilio, mientras que Ossa (que también era integrante del MIR) fue detenido por la DINA y llevado a Villa Grimaldi, muriendo en noviembre de ese año por las torturas sufridas. Su diálogo, titulado Sobre la ausencia, recién fue publicado el 2009. Otra consecuencia, más conocida, fue el llamado “apagón cultural”, es decir la caída del nivel cultural de la población, generada no sólo por la censura hacia la literatura y las artes en general, sino también por otras causas como el desmantelamiento de las empresas estatales enfocadas en la cultura (editorial Quimantú y Chile Films), el exilio y muerte de connotados artistas e intelectuales (como lo demostró el brutal asesinato de Víctor Jara), la imposición del IVA al libro y la masificación de la televisión en los hogares chilenos, que a su vez dio origen a lo que el sociólogo Pablo Huneeus bautizó como la “cultura huachaca”, basada en la vulgaridad y lo superficial. Este “apagón” fue contrarrestado por la aparición de decenas de editoriales medianas y  pequeñas, así como por el surgimiento de diversos grupos musicales y teatrales; todo el mundo cultural de oposición apoyó la alternativa del No en el plebiscito de 1988, creyendo ingenuamente que con el regreso de la democracia acabaría la censura. Empero, y como lo explicaremos en la próxima columna, el veto literario por parte de grupos poderosos (empresarios, jueces y militares) continuó durante la transición.   

 

Portada del libro de investigación Lonquén, de Máximo Pacheco (1980), censurado por la dictadura. Fuente imagen: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-87344.html

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