Prohibido leer: la censura contra los libros a lo largo de nuestra historia (III).

Portada de El Libro Negro de la Justicia Chilena (1999), de Alejandra Matus, objeto de censura por parte de algunos jueces a fines del siglo pasado. Fuente imagen: http://limonapps.udd.cl/index.php/la-historia-de-el-libro-negro-de-la-justicia-chilena/

Como lo mencionamos al final de la columna anterior, durante el período post-dictatorial (la llamada “transición” a la democracia) la censura contra ciertos escritos, por parte de grupos poderosos, continuó con igual fuerza que durante el régimen cívico-militar, mostrando así los límites del nuevo sistema democrático. Un ejemplo temprano fue el intento, por parte del general ® Sergio Arellano Stark, de vetar la circulación del reportaje Los Zarpazos del Puma, de la periodista Patricia Verdugo: tras su publicación en 1991 el alto oficial, responsable directo de las masacres cometidas tras el Golpe contra opositores indefensos en varias ciudades de Chile (desde Arica hasta Valdivia), durante el paso de una comitiva militar que él mandaba y que fue bautizada como “Caravana de la Muerte”, se querelló contra Verdugo por “injurias graves” en julio de ese año, pidiendo entre otras cosas la declaratoria de reo contra la periodista, así como la destrucción de todos los ejemplares de su libro. Afortunadamente, y a pesar de las estratagemas judiciales de Arellano y su abogado (su propio hijo), la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema rechazaron su querella, decretándose su sobreseimiento definitivo en 1993. Por ende, el libro de Verdugo pudo ser reeditado sin problemas, convirtiéndose en un clásico del periodismo de derechos humanos, y leyéndose hasta hoy.   

            Por desgracia, no tuvo la misma suerte otra obra polémica publicada ese mismo año: nos referimos al reportaje titulado Impunidad Diplomática, del periodista local Francisco Martorell. En este libro se describen los motivos por los cuales un par de años antes había sido exonerado de su cargo Oscar Spinosa Melo, embajador argentino en nuestro país durante el gobierno de Menem. El disoluto representante diplomático, que se codeó con empresarios y políticos locales de la época, y que malgastaba su sueldo y el dinero de la representación en drogas, licor y prostitutas, trató de extorsionar a conspicuos integrantes de la clase alta chilena (como los hermanos Andrónico y Guillermo Luksic, y el entonces presidente de la UDI Julio Dittborn), exigiéndoles fuertes sumas de dinero a cambio de no dar a conocer a la prensa las pruebas de las orgías en las que habrían participado, en las que no faltaban las relaciones bisexuales ni el consumo de sustancias ilícitas; tras enterarse de la situación, nuestra cancillería presionó a su par trasandina para que sacara al conflictivo Spinoza del cargo, lo que tuvo que hacer frente a las circunstancias. Al día siguiente de que el libro saliera a la venta en Argentina, se prohibió su circulación en Chile tras un recurso de protección presentado por Andrónico Luksic, lo que llevó a que la PDI retuviera las copias de esta obra en el aeropuerto de Pudahuel; al mismo tiempo los involucrados en la extorsión (es decir Dittborn, los hermanos Luksic y otros) se querellaron contra Martorell, por injurias y calumnias, llegando a acumular ocho querellas en poco tiempo, producto del revuelo generado por su libro, aun cuando éste no pudo circular legalmente en Chile (se difundió de manera privada entre la población, a través de fotocopias). El Colegio de Periodistas apoyó al principio a su colega, aduciendo lo absurdo de perseguirlo judicialmente por un libro que no podía circular en nuestro país, amén de que se coartaba la libertad de expresión; no obstante al poco tiempo decidió sumariar al periodista, a petición del canciller Edmundo Vargas, por faltas a la ética al mezclar la ficción con la realidad en su texto (que ha sido definido como una especie de reportaje novelado). En consecuencia, Martorell fue suspendido por medio año de su calidad de socio del Colegio, aunque por otra parte las querellas presentadas en su contra no llegaron a mayores. Con respecto al libro, el veto a su circulación aún estaría vigente, si bien se pueden encontrar ejemplares en tiendas de libros usados, y en formato digital en Internet; de hecho la censura contra el texto se ha extendido también a la web, pues a principios del 2013 YouTube bloqueó un video que resumía el capítulo más polémico de la obra (sobre la extorsión de Spinosa a los partícipes de las supuestas orgías), debido a “una demanda legal del gobierno”, según indicaba un rótulo del popular portal audiovisual. Afortunadamente esta censura fue de corta duración, ya que en la actualidad se puede volver a ver el video.    

            Seis años después, otra integrante del llamado “cuarto poder” fue víctima de la censura, esta vez proveniente del sector judicial: el martes 13 de abril de 1999 (día de su lanzamiento) la PDI requisó todos los ejemplares de El Libro Negro de la Justicia Chilena (cuya portada se puede apreciar en la imagen que encabeza esta columna), escrito por Alejandra Matus, como fruto de una investigación de varios años sobre la corrupción, abuso de poder, indolencia y parcialidad que han manifestado los representantes de la justicia a lo largo de nuestra historia, en especial durante las últimas décadas del siglo XX, tras el Golpe de Estado, años en los cuales la mayoría de los jueces se caracterizó por su incuria frente a los recursos de amparo, interpuestos por familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos; también Matus muestra los trapos sucios de la justicia nacional durante la transición, apuntando a magistrados viciosos como Lionel Beraud (adherente de Pinochet y parcial hacia los poderosos) y Servando Jordán (corrupto y fiestero), entre otros. Precisamente fue éste quien, como miembro de la Corte Suprema, dio la orden para requisar los ejemplares del libro, basándose en el artículo 6° de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que señalaba que cualquier alta autoridad (ya sea el Presidente, comandantes en jefe o ministros de la Corte) podía pedir un ministro en visita si su dignidad era afectada; con esta acción, se podía impedir la circulación y venta de cualquier escrito “ofensivo”. Como resultado, Matus tuvo que salir del país rumbo a Buenos Aires, mientras que los editores fueron encarcelados. Junto con las repercusiones judiciales a nivel local, este caso tuvo consecuencias sociales, ya que por un lado el veto de Jordán demostró ser inútil, por cuanto la población pudo acceder al contenido del libro por medio de copias piratas o en formato digital (un servidor externo contratado por La Tercera publicó la obra, llegando a ser leída por 16 mil personas en las primeras horas), mientras que por otro varias personalidades del mundo de la cultura, las artes y el periodismo (incluyendo a Martorell) se manifestaron públicamente para protestar por lo que consideraban una arbitrariedad; también este hecho tuvo efectos políticos, pues se llegó a discutir el tema de la censura y la posibilidad de modificar la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados. Tampoco se puede soslayar el impacto internacional que provocó la acción de Jordán, pues el Comité de Protección a los Periodistas (con sede en Nueva York) pidió al presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle que velara por la libertad de expresión, mientras que la propia Matus interpuso una demanda en contra del Estado de Chile, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por haber violado sus derechos a la libertad de expresión y a la propiedad (con la requisición del libro, se le impidió recibir ganancias por su venta). Finalmente todas estas acciones rindieron fruto: en abril de 2001 se promulgó una nueva ley de prensa, que abolió el controvertido artículo de la Ley de Seguridad Interior, y poco después se anuló la orden de detención en contra de la periodista, por lo que pudo volver a su patria; al poco tiempo viajó a Miami, en donde escribió su libro Injusticia Duradera. Libro Blanco de “El Libro Negro de la Justicia chilena”, en donde relató la persecución de que fue objeto por su trabajo investigativo. Además su cuestionado libro volvió a las librerías, siendo reeditado en una versión corregida y ampliada el 2016, y a esto debemos añadir que la CIDH recomendó al Estado chileno “reparar adecuadamente” a la periodista, por haber violado sus derechos, por lo que el Consejo de Defensa del Estado decidió indemnizarla con $30 millones, en septiembre de 2008. Se cerró así uno de los capítulos más recientes de la historia de la censura escrita nacional.  

            Y decimos “uno” de los capítulos, porque por desgracia no fue el último: este triste honor recayó en un libro teórico, pero de gran importancia a nuestro juicio, titulado Ética y Servicios de Inteligencia, escrito por el oficial de marina (R) e ingeniero naval Humberto Palamara Iribarne y publicado originalmente en 1993. En este documento (del cual reproducimos su cubierta en la imagen inferior de esta columna), el autor trató temas relacionados con la obtención y análisis de datos por parte de las agencias de inteligencia, como la forma de utilizar los medios de comunicación para ello y el interrogatorio de prisioneros, así como tópicos más sensibles, destacándose entre éstos la tortura y la violación a los DDHH como herramientas de la “guerra sucia” para recabar información. Sobre esto último no debe malinterpretarse la intención de Palamara, pues critica el uso de la tortura: por ejemplo señala que “es un acto cruel que no tiene justificación ética”, y que degrada a sus víctimas, refutando también las justificaciones esgrimidas para el uso de esta aberrante forma de obtener información, puesto que “la tortura como instrumento para producir un castigo o para disuadir a potenciales terroristas de cometer actos delictivos no tendrá nunca una justificación”. Más aún, indica que la supuesta ignorancia de las autoridades con respecto al uso de la tortura por parte de sus subalternos, no la exime de responsabilidad pues “es su obligación tener conocimiento de las prácticas y procedimientos utilizados por los agentes estatales, de investigar su desempeño en casos de denuncias, de castigar a los culpables y responsables si los hubiere y hacer públicas estas violaciones a los derechos humanos”. También analiza brevemente los motivos que tendría un funcionario para convertirse en torturador (baja autoestima, incapacidad de distinguir entre el interés de la autoridad y los valores universales, deshumanización de la víctima, y acostumbramiento a la crueldad), así como la Doctrina de Seguridad Nacional, que implantaron los militares estadounidenses entre sus pares latinoamericanos durante la Guerra Fría, y que consideraba a todo movimiento social como “subversivo” (y por ende blanco de la represión); de hecho el autor diferencia esta doctrina (basada en los pilares del desarrollo y la seguridad nacionales) de la ideología antimarxista, que define como “la reacción exactamente opuesta que produce el marxismo en personas carentes de una base sólida de principios y valores, que (…) adoptan como posición ideológica la neutralización del marxismo mediante su total exterminio”, y que se difundió entre los militares de la región debido a su bajo nivel cultural, su patriotismo, su identificación con los valores tradicionales de las oligarquías locales, y la prohibición de deliberar sobre asuntos públicos. Su postura frente al marxismo es clara: el estado debe enfocarse en “unir a todos los nacionales en torno a valores, principios y un pasado común, como mecanismo para evitar las divisiones (…) No es posible derrotar a una ideología totalitaria mediante las armas. Las ideas deben debatirse en el plano de las ideas”.

            No obstante su crítica a la ideología marxista, y su idea tradicional de entender la nación, el texto de Palamara fue vetado por la Armada en 1993 por considerar que “vulneraba la seguridad y la defensa nacional”, aun cuando el autor afirmara haber utilizado fuentes de acceso público para su escritura, y no documentos clasificados; debido a que Palamara se negó a entregar las copias de su libro, fue acusado por su superior en el juzgado naval de Magallanes de desacato e incumplimiento de deberes militares. Esa misma noche del 1° de marzo, un grupo armado de oficiales navales detuvo al autor en su hogar en Punta Arenas, incautando también los ejemplares del cuestionado texto; asimismo aprovecharon de borrar el disco duro de su computador, y de llevarse todos los documentos que utilizó para su investigación. Por si fuera poco, la Marina prohibió a Palamara y a su familia ingresar a recintos castrenses, lo exoneraron de su trabajo y no pudo conseguir otro (debido a que las empresas navieras “respetaron” el veto que le impuso la Armada), fue acusado de “traidor” y le arrebataron su casa. Otro motivo que habría tenido el alto mando naval para censurar esta obra fue que, a su juicio, el autor demostraba “haber sufrido un proceso de desafección de los principios valóricos institucionales y una profunda asimilación de un humanismo cristiano pacifista y transigente con el marxismo, por encima de la tradición naval de amor a la patria, defensa a la nación y servicio al Estado”, así como un desconocimiento de “la necesaria acción del pronunciamiento militar chileno del 11 de septiembre de 1973”. Como resultado de esta absurda prohibición, Palamara terminó por separarse de su familia, yéndose a vivir a Viña del Mar; también fue condenado por la Fiscalía Naval a un año y medio de cárcel, sin que ni él ni su abogado pudieran acceder al expediente para preparar la defensa, ni presenciar las declaraciones de testigos. Las Cortes Marcial y Suprema rechazaron los recursos de apelación y casación que presentó su abogado. Frente a este cúmulo de arbitrariedades, inauditas para un país supuestamente “democrático”, un abogado se contactó con el autor y se decidió demandar al Estado chileno; el 2001 la causa fue aceptada por la CIDH, quien instó a ambas partes a buscar una salida. Empero, el estado chileno no acusó recibo, ni tampoco el 2003 cuando la Comisión le recomendó reparar el daño infligido al ingeniero naval y restituirle sus derechos. Ante  esta actitud, la CIDH decidió demandar al estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre de 2005 estableció que se habían violado cinco derechos de Palamara: libertad de expresión, propiedad, garantías judiciales, protección judicial y libertad personal, obligando al Estado chileno a indemnizarlo con unos US$ 50 mil dólares ($27 millones de pesos en la época), así como a devolverle las copias incautadas, a anular las sentencias marciales que lo condenaron, y a publicar el fallo en el Diario Oficial y en La Nación. También el fallo estipuló que Chile debía modificar su Código de Justicia Militar, a fin de que ningún civil volviera a ser juzgado por militares. Por último, la imprenta de la Armada publicó el libro el 2006, terminando así con una censura que duró casi catorce años, si bien el texto es difícil de encontrar pues no se halla en las principales bibliotecas públicas (Nacional y del Congreso), ni tampoco en las grandes librerías. Es de esperar, sin embargo, que a mediano plazo las autoridades no sólo limpien los antecedentes del ingeniero naval, sino que también puedan adecuar la normativa militar interna a los lineamientos internacionales, tal y como estableció el fallo de 2005. Consideramos personalmente que este libro es mucho más importante que los anteriores debido a su contenido, pues si bien es de índole teórica (y por ende puede ser algo difícil de entender para los neófitos en temas de inteligencia), su relevancia radica en su postura contraria al uso de la tortura, en el respeto irrestricto al ser humano que, a juicio del autor, debieran tener todos los funcionarios estatales, y en la importancia de las ideas como únicas herramientas para hacer frente a las ideologías contrarias, en vez de utilizar las armas. También esperamos que este libro tenga una mayor difusión entre la población en general, y en especial que a futuro se convierta en lectura obligatoria en las academias y centros de formación castrenses, para que realmente todos, civiles y militares, podamos decir “nunca más” a la tortura, a la desaparición forzada, a los juicios reñidos con la ley, y a la censura contra los libros, pues al fin y al cabo las ideas se deben combatir con ideas, no impedir su difusión ni reprimirlas (a menos que caigan en la injuria o el racismo, o inciten al odio por ejemplo), por muy poderosos que sean los sectores afectados por ellas, ya sean religiosos, empresariales, políticos o militares.   

Portada de Ética y Servicios de Inteligencia, de Humberto Palamara (1992), prohibido por la Armada y el Estado chilenos hasta el año 2006. Fuente imagen: http://www.pravdanews.jex.com.br/internacional/chile+palamara+iribarne

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