Mega empresarios en Chile son un mito, sólo exprimen al Estado

Ha sido el Estado quien en Chile se atrevió a invertir en áreas donde los privados desechaban su aporte. La CORFO es el mejor ejemplo de ello. La mentada ‘iniciativa’  privada es una total falacia. Un mito.

Por Arturo Alejandro Muñoz (@artamumu)

LA EMPRESA PRIVADA ha mantenido enhiesta, desde hace décadas, una de las mayores falacias que Chile ha conocido. Mediante esa mentira, empresarios y financistas han logrado expoliar al país con el apoyo y cobijo de gobiernos  y prensa que se tragaron la mitomanía de un solo sorbo, o a contrario sensu, fueron atrapados por el aroma de los billetes verdes que muchos capitalistas disponen para menesteres de pago de yanaconas.

¿Cuántas veces hemos escuchado y leído aquello de “la empresa privada es pionera y sólo ella resulta ser capaz de generar nuevos negocios”? Eso se complementa con otra frase de marketing, como: “sin la empresa privada no hay desarrollo, ya que es la ÚNICA que arriesga capital para innovar y avanzar”.

La falacia y la mitomanía, definitivamente, son parte viva de la ensoñación de los políticos derechistas y de muchos empresarios que se distinguen por las “vivarachadas y pasadas a la punta” que los ‘prestigian’ según destaca la siempre servil prensa nacional.

Seamos claros y directos: la empresa privada (o los ‘privados’) NUNCA han arriesgado un maldito peso ni un jodido dólar para iniciar negocios que no cuenten con la absoluta certeza de arrojar más de un 100% de ganancia en menos de un semestre. ¡¡Nunca!!

Los hechos concretos y fríos –la historia de nuestro país- así lo demuestran. Veamos, recorramos, aunque sea sucintamente, algunos ejemplos que certifican lo anterior. Señores ‘empresarios’, tomen asiento y lean.

Período 1884 – 1930: capitalistas ingleses, españoles y chilenos, interesados en el NaNO3 (nitrato de sodio, o ‘salitre’) del Norte Grande ubicado en Tarapacá y Antofagasta (en ese entonces provincias peruana y boliviana respectivamente), influyeron en el gobierno chileno para que este declarase la guerra a Bolivia y a Perú, en la certeza de triunfar antes de un quinquenio debido al mejor arsenal bélico que poseíamos los “australes” (como nos llamaban en Europa en aquellos años).

Londres y Madrid apostaron a las tropas chilenas, las nutrieron con fusiles, barcos y trenes para asegurar la victoria. Una vez conseguida, se agenciaron los yacimientos salitreros y estructuraron “un estado dentro del estado” con el visto bueno y vista gorda del gobierno central sito en Santiago.  El caso del británico John North sobra para ejemplificar lo anterior, agregando que fue ese inefable súbdito de la City quien impulsó el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente José Manuel Balmaceda el año 1891 mediante una guerra civil encabezada por el siempre clasista y cipayo Parlamento chileno.

Período 1930-1971: el Estado chileno entrega a empresas norteamericanas la extracción y producción de cobre ubicado en minerales como Chuquicamata, El Salvador, Potrerillos y El Teniente, pese a que todos ellos habían sido descubiertos (y explotados en primera instancia) por mineros pobres que contaban con el apoyo del fisco, pero en menos de lo que demora un gallo en pisar la gallina más prometedora del corral, el Estado entregó la administración y bolicheo del cobre a manos extranjeras, específicamente estadounidenses como aquellas empresas con nombres conocidos, tales como Andes Cooper, Kennecot and Anaconda Company, Braden Cooper Mining, y otras.

En el mes de julio de 1971, con el voto consensuado del Congreso Nacional, el presidente Salvador Allende nacionalizó  las minas de cobre y el cobre chileno en toda su extensión, magnitud y ubicación.  Pero, en 1974 la dictadura ultraderechista militar-empresarial,  mediante el concurso ‘profesional’ de José Piñera Echeñique (hermano de quien es hoy Presidente de Chile, Sebastián Piñera, y aval y  protector de este mismo), movió la mano del ignorante y torpe general Pinochet Ugarte para que el totalitario genocida firmase una ley que dejaba en manos de privados –y megaempresarios extranjeros también- más del 70% de los yacimientos de cobre sitos en nuestro país.

Período 1939 – 1973: el violento terremoto que en el mes de enero de 1939 destruyó las ciudades de Chillán y Concepción cobrando más de treinta mil víctimas, apenas iniciado el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, otorgó al mandatario radical la posibilidad de crear la CORFO (Corporación de Fomento de la Producción), institución fiscal que durante más de cuatro décadas investigó, propuso, invirtió (dinero del estado chileno) e inició exitosamente actividades fabriles y productivas en áreas donde la empresa privada había asegurado que ‘no existía posibilidad alguna de gerenciar ni administrar nada’. Sin embargo, la CORFO  lo hizo exitosamente. Ahí estuvieron, en su momento, empresas de total éxito como CAP (Huachipato), ENAMI, SERCOTEC. INACAP, IFOP, SENCE, IANSA, ENDESA, la UTE, Centrales Hidroeléctricas, Chile Films, ENAP, MADECO, ENTEL, TVN, y una multitud de empresas (más de 300) de rubros varios, como textiles, metalmecánica, agrícola, maderera, pesquera, automotriz (Fiat, Citroen y Peugeot), vestuario, etcétera. Decenas (quizá centenares) han sido las pioneras empresas creadas por CORFO,  las cuales, una vez demostradas sus capacidades ‘económicas’, fueron EXIGIDAS por los capitales privados como elementos aptos para la privatización.

Período 1964-1973: durante dos siglos los terratenientes criollos mantuvieron sus propiedades en el más absoluto nivel de “no producción”, puesto que el 60 % o el 70% de esos extensos kilómetros cuadrados o hectáreas de fundos y haciendas estaban improductivos, dejados a la mano de Dios, constituyendo simples e inútiles paisajes.

El presidente Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) inició, aunque tibiamente, el proceso de reforma agraria que sería incrementado y terminado por los mandatarios Frei Montalva (1964-1970) y Allende Gossens (1970-1973) a través de instituciones como CORA, INDAP e INIA. Una vez que esos gobernantes triunfaran demostrando que Chile sí podía ser una potencia en producciones frutícolas y madereras (todas ellas, hasta ese momento, administradas por el Estado), los inversionistas privados, histéricamente, exigieron al gobierno de turno (era entonces el momento de la espantosas dictadura militar) la “venta” (privatización o regalo, en realidad) de todas las empresas fiscales, incluyendo las agrícolas, lo que se efectuó vergonzosamente durante el último año del gobierno dictatorial pinochetista (principalmente en el segundo semestre de 1989), a precios risibles, en condiciones insignificantes en su cuantía monetaria. Fue, sin duda, el mayor robo conocido en la Historia de Chile.

Período 1973 hasta hoy: ¿será necesario referirse a negociados que lindan en lo delictual, inmoral y avaro, como las AFP’s, las ISAPRES, la banca e incluso las Cajas de Compensación? Todas ellas, sin exceptuar ninguna, fueron creadas por el Estado o, en su defecto, apoyadas económicamente (con dinero de los chilenos) para su mantenimiento y mejoría, como sucedió cuando la Banca chilena quebró y estuvo a punto de desaparecer en plena dictadura (lo cual demostró, sin lugar a error, que los ‘privados’ no eran capaces de administrar ni gerenciar nada que no hubiese contado con el cobijo y apoyo económico del fisco).

Y para qué hablar de los ‘regalos’  efectuados por el duopolio Alianza-Concertación a mega empresarios particulares, como ocurrió con los glaciares del Norte (Barrick Gold), las salmoneras y bosques en el sur, las reservas de agua en la zona austral, el borde costero, el mar chileno, los nuevos minerales cupríferos, y un etcétera tan largo como día lunes, pero siempre con la prospección, apoyo  e inversión y primera administración del Estado.

Por cierto, este artículo podría extenderse mil líneas más relatando ejemplos indesmentibles respecto de cómo los ‘privados’ han aprovechado el esfuerzo de gobiernos y sociedad civil chilena para agenciarse exitosas empresas descubiertas, iniciadas y estructuradas por el Estado, a bajo precio merced a las dádivas de los yanaconas que pululan en el Legislativo y en el Ejecutivo, a quienes la prensa servil y las tiendas partidistas obsecuentes y mayordomiles también apoyan.

En resumen, fuerte y claro, la mayoría de los inversionistas privados nunca han arriesgado un mísero centavo en proyectos, fábricas y empresas que el Estado no hubiese iniciado comprobando su rentabilidad. Definitivamente, en Chile, la empresa privada ha sido, es y seguirá siendo una sanguijuela que vive de la sangre del fisco y de la audacia del Estado, pues no tiene capacidad de investigación ni cuero para arriesgar nada. Simples rémoras del Estado y de la sociedad civil. ¡¡Y se dicen “emprendedores”, “exitosos”, “generadores de empleos” y mil sandeces y mentirijillas como esas…  o peores que esas!!!

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