EL AÑO 1981, en plena dictadura militar y siendo ministro del trabajo, José Piñera, el hermano del actual presidente de Chile,  aseguró que el asunto de la previsión social  era “la madre de todas las batallas”.

No le costó mucho convencer a los miembros de la Junta Militar cuando les propuso  el plan mediante el cual los golpistas podían oxigenar el gobierno en plena crisis económica que amenazaba su continuidad a cargo del país.

Allí nació el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensión, las AFP, una verdadera máquina bien engrasada para apoderarse de una catarata de dinero fresco cada mes, proveniente de los aportes de millones de cotizantes que entregaban mes a mes un significativo porcentaje de sus sueldos y salarios para estructurar montos importantes al momento de sus jubilaciones.

Obviamente, cual estafa piramidal, todo marchó bien en los primeros años…hasta el momento que se produjeron las primeras jubilaciones netamente desglosadas de las AFP. Entonces se descubrió que el sistema no era sino una forma de alimentar y nutrir al empresariado y al estado con dineros de los trabajadores, a quienes se les entregaban finalmente jubilaciones ‘africanas’. Hasta el mes de junio del año 2020, estas son las principales cifras arrojadas por el sistema AFP en Chile. Tome nota.

  • Las AFP administran un total de DOSCIENTOS UN MIL MILLLONES DE DÓLARES (US$201.000.000.000), equivalente al 80% del PIB de Chile. De esa cantidad, el 55% está invertido en el país, y el 55% restante lo está en empresas extranjeras acreditas en Chile.
  • Cuarenta y un mil millones de dólares (US$41.000.000.000) se invirtió en el Estado chileno (ej.: Tesorería General de la República) para que ese Estado pague su deuda interna.
  • Treinta y nueve mil millones de dólares (US$39.000.000.000) invertidos en unidades financieras como bancos (BCI, Chile, Scotia, Falabella, etc.)que pagan a las AFP un interés anual de sólo el 3%
  • Cuarenta y cinco mil millones de dólares ($45.000.000.000) invertidos en 30 grupos empresariales chilenos, destacando entre los grupos Luksic, Yarur, Saieh, Cencosud (Paulmann)…e incluso COAGRA, empresa perteneciente el actual presidente de la Corporación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, recibió de las AFP’s un monto cercano a los cinco millones de dólares (US$5.000.000).

No hay duda alguna que si el sistema AFP es derribado, el pingüe e inmoral negocito del estado chileno -y de varias megaempresas- también se viene abajo (“como calzón de flaca”, apuntó graciosamente un dirigente humanista de la sexta región), quienes han  engordado mórbidamente desde el año 1982 sin ponerle freno a deleznable y criminal apetito.

Por ello entonces se produce el ‘pataleo’ de derechistas y de algunos de sus ‘mayordomos’ dizque opositores. La ex ministra Marcela Cubillos (epitome de la ultraderecha económica criolla) aseguró que: “la gente opositora a nuestro gobierno no viene solamente por el 10% de sus pensiones”…que ese no es sino el principio. Obviamente, ella tiene razón. El asunto va más allá de ese porcentaje, la cuestión apunta a cambiar de raíz el sistema de AFP.

Por ello entonces la defensa de las AFP, a ultranza, casi mesiánica, de derechistas, mayordomos y empresarios, algunos de los cuales (políticos pertenecientes a la tienda derechista UDI, específicamente) han comenzado a dar desesperadas vueltas en círculo y solicitar, sin pudor ni vergüenza alguna, la intervención de las fuerzas armadas en el gobierno, como fue el caso de la concejala UDI de la municipalidad de Las Condes, Carolina Cotapos que en sus cuenta de twitter solicitó “un ‘estallido’ militar”.

Y al igual que en el año 1970, no bien se consignó el triunfo de la izquierda en la elección presidencial, hoy, año 2020, apenas se consolidó la votación en la Cámara de Diputados favorable al retiro del 10% de los fondos previsionales, comenzó de inmediato un movimiento de angustiados fanáticos derechistas proclives abiertamente al totalitarismo armado para preservar el indigno e inmoral negociado del sistema de AFP’s.

Independientemente de lo que el Senado pueda votar en la próxima semana, esos derechistas (tal vez incluida La Moneda) ya están impetrando al Tribunal Constitucional (TC) aplicar el artículo 93, número #3, de la actual Constitución Política del Estado, el cual permite a ese TC: “Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad  que se susciten durante la tramitación de proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados  sometidos a la aprobación Congreso”.

Como es posible barruntar, todas estas cuestiones tendientes a echar por tierra lo que mayoritariamente exige la sociedad civil chilena,  actúan cual comburente para un nuevo –y quizás más violento (por ambos sectores)- estallido social popular. Sea como sea, estas situaciones me llevan de nuevo al año 1983… a los meses históricos e inolvidables de las ‘protestas sociales nacionales’.

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