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El pueblo no es cobarde

¿Está dispuesta la actual oligarquía política a representar a una ciudadanía que la repudia? ¿Qué legitimidad tienen los partidos políticos actuales en un proceso nacido desde las Asambleas Territoriales autoconvocadas y desde los cabildos abiertos citados en octubre de 2019, una vez que ocurrió el estallido social que socavó seriamente la legitimidad de los actuales poderes del Estado?

UNA VEZ QUE SE SELLÓ el acuerdo político el 15 de noviembre de 2019 no pocas personas pensaron en las consecuencias que traería para el movimiento social generado el mes anterior en Chile. Para algunos -los que tienen los mayores intereses en mantener con vida el actual orden de cosas- se firmó un acuerdo que encaminaría a Chile a ciertos estados de paz. Y no era descabellado (aunque sí muy indolente) pensar así: al revisar nuestra historia más reciente, tras el Plebiscito de 1988 la sociedad chilena volvió a caer en un estado de sopor que calló sus demandas y permitió los niveles de impunidad que encubrieron a los violadores de DDHH durante la dictadura y también la ascensión de Pinochet al Senado; así las cosas, continuó reafirmándose el sistema neoliberal impuesto por la tiranía a costa del pueblo: la desigualdad social nos llevó a uno de los récords más tristes del mundo: el 1% de la población concentra ni más ni menos que cerca de la tercera parte de la riqueza de Chile. Ese ‘oasis’ fue el orgullo de los grandes multimillonarios como Sebastián Piñera, que paseaban sus logros personales como testimonio de la riqueza que nuestro país otorga a aquellos que con más ‘esfuerzo y dedicación’ se entregan a su tarea. Pero callan vergonzosamente cuando las miradas se estiran a aquellos puntos del país donde hay quienes dedican su vida laboral más allá de sus esfuerzos y no tienen ni siquiera un lugar donde atender dignamente sus necesidades de educación, salud, para no hablar de vivienda propia entre otras cosas.

Pero, volviendo al acuerdo del mes de noviembre pasado, no somos pocos los que vimos el sello de ese acuerdo como ‘la paz de los cobardes’. Nuevamente asistíamos al deporte ambicioso de aquella oligarquía que Chile ha beneficiado con creces durante muchos años: la clase política. Nos quisieron hacer creer que el llamado a plebiscito para resolver las cuestiones de la Constitución era la única salida posible al problema de la paz social. En cierto sentido, lo era, pero para ellos. Ninguno de los personeros presentes en el ex Congreso Nacional aquella noche se pronunció acerca de establecer procesos de juicio y castigo a los responsables de violaciones a los DDHH durante la Rebelión Popular. Y el resultado salta a la vista: hasta ahora no hay encarcelados tras los excesos de las fuerzas armadas en aquellos tiempos. Puede haber excepciones como las del excoronel Claudio Crespo, pero no logran imponerse.

El tiempo nos ha entregado muchas luces respecto al accionar de aquella clase política que avizoró su final en ese estallido social. Más allá de las reuniones nerviosas y de los conciliábulos secretos, ya tenemos claro que Sebastián Piñera estuvo a tan sólo horas de salir de La Moneda (según la entrevista hecha al senador Alejandro Guillier a diferentes medios de comunicación este fin de semana). El paro nacional del martes 12 de noviembre de 2019 dejó el sillón de O’Higgins en entredicho, el peor presidente que ha tenido la historia de Chile veía acercarse su final. Mario Desbordes, presidente del partido de Piñera (así es, a pesar de sus aires de autocomplacencia el partido del presidente es Renovación Nacional) y diputado en ese entonces, hizo una maniobra desesperada por mantener la presidencia en su lugar. Con la ayuda de varios parlamentarios de todas las tendencias (menos del Partido Comunista) plantearon una jugada que pretendió dejar inmóvil al movimiento social generado en octubre: fingieron escuchar a la gente y aceptaron iniciar un proceso constituyente, algo inédito en la historia de nuestro país.

Digo que fingieron, porque acá viene la lectura de dicho movimiento: habría que optar ya no a Asambleas propiamente dichas, sino que a dos tipos de convenciones: una es constitucional y la otra, mixta. Lo peor viene cuando nos damos cuenta de que podrían optar a cualquiera de esas convenciones ni más ni menos que los partidos políticos, vale decir, los mismos que en la Rebelión Popular fueron repudiados por la sociedad. Debo recordarle a usted que este movimiento social es ciudadano (no es como los más antiguos donde hubieron movimientos de clase o gremiales); vimos -y volverán a haber- millones de personas enarbolando banderas chilenas y mapuche por las calles de todo Chile; vimos -y volveremos a ver- la ausencia de representación de los partidos políticos en marchas y concentraciones donde las más icónicas se hicieron en Plaza Dignidad; vimos -y veremos nuevamente, de eso no hay duda- a jóvenes estudiantes secundarios, a universitarios de todos los campus de Chile, a mujeres trabajadoras de todas las profesiones y oficios, a los artesanos, campesinos, matronas, médicos, bomberos y fuerza laboral remunerada o voluntaria, copando las calles y plazas de Chile enarbolando consignas acerca de la igualdad, colectivismo, fin a los abusos y perversiones impuestas por un sistema neoliberal incluido en una Constitución fratricida dictada por el tirano en los ’80. Y dentro de todo lo que vimos, no estaban aquellos que hoy pretenden liderar este proceso, reduciendo nuevamente la participación ciudadana a su más mínima expresión: una raya en un voto.

Así es, el proceso constituyente está secuestrado y lo que hacen es estirar el momento lo más posible. La clase política sabe que la ciudadanía -que es el verdadero soberano en el proceso constituyente- va a descubrir esta nueva trampa que ayuda a legitimarlos nuevamente en su ley antigua. Nos llevan a jugar en su propia cancha porque saben que ganarán, pero ya están calculando que si ellos ganan el pueblo simplemente se rebelará de nuevo porque se dará cuenta de su trampa. Las consecuencias pueden ser nefastas: el Ejército ha permanecido en una actitud silenciosa y no deliberante ante este nuevo proceso, y a pesar de las violaciones a los DDHH que ya sabemos, no ha habido ni de cerca episodios como las matanzas históricas que ya conocemos: Santa María de Iquique, La Coruña, Pampa Irigoin, golpe de Estado de 1973… pero no me cabe duda alguna que ese silencio terminará en algún momento: el peor presidente de la historia, cuyo eslogan para llegar a su segundo período fue ‘llegaron los tiempos mejores’ nos tiene en un abismo social y político que nosotros, como sociedad, como ciudadanía o como pueblo debemos saber reaccionar.

Esa nueva jugada política explica, por ejemplo, la defensa férrea de La Moneda a siete generales de Carabineros investigados por la Contraloría por sus presuntas faltas administrativas en materias concernientes a la Rebelión Popular de octubre; es cosa de ver a Mario Rozas -General Director de la institución- recurriendo a los medios de comunicación para continuar haciendo el espectáculo de salvar la imagen de su institución a costa de intervenciones que generan nerviosismo en el Poder Ejecutivo. También explica la insistente criminalización de los movimientos sociales por parte del poder legislativo: las diferentes leyes que se han promulgado en todos estos meses (Ley AntiEncapuchados, Ley AntiBarricadas) y las que están por venir (como la Ley sobre la ANI) así lo confirman: tenemos una ‘dictadura encubierta’, de una oligarquía política obsecuente con los económicamente poderosos, silente con los sospechosos de violaciones de DDHH y cruel con el movimiento social que busca el natural recambio en las reglas que normen nuestro nuevo Pacto Social.

La defensa de la ciudadanía debe ser evidente, aún cuando la pandemia por el Covid-19 nos ha arrebatado la oportunidad de generar asambleas territoriales físicas o cabildos abiertos presenciales. Ellos pueden estirar todo el tiempo que quieran el plebiscito: no importa. Debemos jugar nuestras cartas, porque el poder constituyente reside en todos nosotros. Debemos mantenernos alertas y a disposición de nuestros territorios y colectivos. En el pueblo reside el futuro de nuestra Patria, nunca más en el pasado de una clase que pretende retener para sí un poder que ya no les pertenece. Déjenlos criminalizar la protesta, nosotros seguiremos organizando nuestro poder. Octubre abrirá nuevas opciones a las que los partidos políticos deberán ceder, porque este proceso fue emanado desde el pueblo, no desde las oligarquías.

Para eso despertó Chile.

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2 comentarios

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