ME HE FIJADO COMO TAREA la reconstrucción de la memoria en todas sus esquinas como ciudadana de a pie, común y corriente, observadora y partícipe de la historia que se construye y deconstruye día a día.

Los niños, a veces como extensión de la felicidad de los humanos, otras como resultado a muchas situaciones alejadas del amor y la protección, llegan a esta vida. En estos últimos días, las violaciones a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (NNA) han estado en la mesa de la opinión y reventando las RRSS pidiendo justicia, pena de muerte, disolución de organismos protectores; pero, ¿cuánto sabemos del nacimiento de estos programas…? En las siguientes líneas, pretendo hacer un recorrido de la historia de la ‘protección’ a los NNA de nuestro flaco país.

Desde 1770 se tiene registro de niños que fueron abandonados y recibidos por los orfanatos del país.

En Chile, hasta 1885 el concepto de hijo ilegítimo corresponde al menor que crece fuera de la unión en matrimonio católico; este nombramiento social —como castigo— llevó a muchas mujeres a abandonar a sus hijos por la miseria, la vergüenza ante la comunidad y por el rechazo de quienes la rodeaban.

El abandono vino a reemplazar otras formas de eliminación como el infanticidio o la muerte por hambre.

Las autoridades coloniales pronunciaron su interés por acudir en auxilio de los huérfanos y de los niños abandonados en la calle. En el siglo XVII, se solicitó hacer un censo para tener cifras de los huérfanos y se permitió la donación como limosna para su cuidado y crianza, así como también el ingreso de los expósitos al oficio de marinos.

Juan Nicolás de Aguirre Barrenechea (aristócrata, militar, político y filántropo chileno), cedió un terreno de su propiedad, ubicado en la que sería la calle de los Huérfanos, y comenzó así la construcción de la casa que acogería a los niños expósitos. (Expósito: niño que ha sido abandonado por sus padres de recién nacido y ha sido criado en un hospicio.)

Una vez concluido el edificio a fines de 1758, Aguirre solicitó la autorización oficial de la corona española, pero esta solicitud llegó tan solo en 1780 a nuestro país. Entretanto, la Real Audiencia aprobó su funcionamiento en 1759 para que, de este modo, pudiera comenzar la atención de unos cincuenta niños.

La institución debía mantenerse con el aporte de la corona y donaciones particulares, pero sus ingresos fueron muy irregulares hasta mediados del siglo XIX, cuando comenzó a ser denominada Casa de Huérfanos y quedó a cargo de las monjas de la Providencia. La mortalidad en esta casa fue aterradora, la falta de alimentación y las infecciones de todo tipo —en conjunto con la deteriorada salud mental de los niños— hizo que se convirtiera pronto en un depósito de niños muertos: los padres los dejaban a fin de ahorrar los funerales o librar de condenas (de uno a treinta días de cárcel).

Las condiciones de hacinamiento en las que sobrevivían los niños no ayudaban mucho: eran ubicados hasta 80 niños en un espacio para 20; en una cuna 4 niños compartían espacio; para los niños enfermos no había un aislamiento, por lo que las enfermedades se propagaban con rapidez.

En 1853 se encargará el cuidado de los huérfanos y abandonados a las Hermanas de la Providencia, monjas canadienses recién llegadas a Chile, conocida luego como la Casa de la Providencia, hasta 1940 a su cargo, pero en 1929 cambio de nombre a Casa Nacional del Niño, hoy dependiente del SENAME.

Hacia el 1900 la cantidad de niños llegó a los 2300 en la Casa; según estudios realizados, uno de cada diez niños fue enviado a la Casa de Huérfanos.

Entre 1844 y 1895 se fundaron 13 instituciones, para 1912 existían 25 casas, en gran mayoría fundados por las Hermanas de la Providencia. Los niños fueron entregados no en pocas ocasiones, como ‘compañía’ a familias, para ser criados bajo su alero, terminando esta relación como la nueva servidumbre del hogar. Este año se promulga la primera Ley de Protección a la Infancia Desvalida; pese a su discreta aplicación, inicia una política estatal hacia los niños en riesgo social, quienes eran recogidos de la calle y enviados a las correccionales, creadas a fines del siglo XIX como Centros de Reclusión. La ley de 1928 creó un mecanismo de protección tanto para los niños en riesgo como para los que cometían delitos. La ley también creó los Tribunales de Menores, siguiendo el modelo norteamericano y europeo. En 1943 se inaugura, en el sector sur de Santiago, la Ciudad de Niño.

La ley de menores promulgada en 1967 —durante el gobierno de Frei Montalva— incorporó algunos cambios en la institucionalidad, incluyendo la creación de la Policía de Menores, manteniendo el modelo en su fondo.

Las leyes de protección de menores fueron consideradas —durante mucho tiempo— instrumentos sensibles a las necesidades de los niños que restringían el carácter punitivo de la ley y otorgaban opciones reales de reeducación a los niños pobres, abandonados, en riesgo social y a los infractores de ley que tuvieran posibilidades de readaptación social. Sin embargo, en forma creciente, se ha comenzado a cuestionar la incompatibilidad de este modelo judicial. La institución quedó a cargo del Consejo de Defensa del Niño, la que tenía participación del Estado, pero con personalidad jurídica privada. En los años 70 comenzó a perder importancia, cuando las nuevas políticas sociales limitaron el aporte del Estado a los organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), creado en 1979.

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Archivo Fotográfico Alejandro Mihovilovich

Durante la década de 1990 y en especial a partir del Plan Nacional para la Infancia y la Adolescencia del 2002, se desincentivó la internación de niños, proceso que se aplicó a la Ciudad del Niño. Poco después el Consejo de Defensa del Niño vendió los terrenos de la Ciudad del Niño y se concentró en los restantes hogares que mantiene: a febrero del 2021 son 878.

Es esta una cronología más o menos exacta; tenemos en la actualidad una realidad que no nos deja indiferentes: una realidad de abusos, de muerte, de dolor y abandono, pero por sobre todo de desprotección y uso de la población más vulnerable de nuestra sociedad: los niños.

Me senté a conversar con Jorge, funcionario de un CIP y un CRC. Se preguntarán: ¿qué son esas siglas? Un CIP es un Centro de Internación Provisoria, y CRC es un Centro de Régimen Cerrado del SENAME.

Para Jorge, su primer acercamiento al trabajo social se da desde esta idea romántica de darse al voluntariado colaborativo con las organizaciones barriales. A los 18 años fundó un Centro Cultural y colabora por un tiempo con el Hogar San José; estudiante de Pedagogía en esos años, sintió que el camino elegido no era lo que quería, llega así a trabajar a un CIJ como profesor de Teatro. En el 2007 ingresa a trabajar a la cárcel de adultos, en la sección de jóvenes dependiente del SENAME. “El inicio de esta carrera era motivante, se generaban actividades y la gente enganchaba con ello, hasta que comienzo a permearme de esta marginalidad profunda, invisibilizada, pero a la vez palpable”, me cuenta.

Jorge decide profesionalizar su labor y estudia Trabajo Social; al enfrentarse a esta realidad con mayores herramientas se da cuenta que la pobreza estaba institucionalizada: el talento, la alegría y la motivación romántica por entregar ayuda no servían de nada, había que buscar canales formales para poder generar cambios. El servicio como asistencialismo no cabía en este espacio.

Se derrumba en él este sueño de cambios al conocer la marginalidad y las familias, las realidades de los jóvenes del campo, todo ello como resultado de la pobreza y la exclusión.

En el 2011 entra al SENAME y ve ‘la basura bajo la alfombra’ que, todos sabemos, existe.

Para Jorge, el modelo de protección al menor está diseñado para que fracase ya que no es integral y no hay intervención de barrios o de familias. Sumemos a esto que hoy el SENAME —y los centros de administración privados— están creados para enriquecer a estos dealers de la infancia. “El SENAME, en general, es una bolsa de empleo del gobierno de turno, secuestrado además por asociaciones de trabajadores, que también ven aquí un botín”.

El Servicio Nacional de Menores no trabaja en la marginalidad de las poblaciones, no hay una búsqueda en la raíz del problema que desata la exclusión; por el contrario, es un régimen castigador y vulnerador de la infancia y la juventud de nuestro país. Esta mal llamada protección nos enfrenta a familias que tienen mucha rabia, que viven en la marginalidad con rabia, que tienen hijos con rabia: estos mismos hijos que salen a demostrar que son más fuertes y choros, no tienen piedad con el resto, porque nadie lo ha tenido con ellos y salen a destruir todo ya que nunca han tenido nada; jóvenes que quieren todo de forma rápida, tal y como lo ha impuesto este sistema perverso.

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Imagen: Felipe Gamboa

Vemos la doble victimización a la que nos lleva la marginalidad, donde niños mueren a manos de jóvenes que también nacieron muertos porque antes de nacer el sistema ya los había castigado negándoles toda posibilidad —incluso— de poder soñar. Terminar con la pobreza en un país es posible con buenas políticas, pero el daño parece ser difícil de erradicar: el modelo se agarra con uñas y dientes y no nos pretende dejar de manera fácil, al menos.

 Jorge plantea: “Donde hay un vertedero, hay posibilidad de generar sustentabilidad y autogestión para los barrios”.

Desde su experiencia, se hace imposible que con este sistema neoliberal se pueda resolver la pobreza, la delincuencia o la marginalidad. Los recursos existen para poder intervenir, pero hoy se utilizan en licitaciones inútiles, para enriquecer a los dueños de los centros y, por otra parte —no menor—, los funcionarios no saben cómo trabajar con los jóvenes de hoy ya que llevan 20 años haciendo lo mismo sin importar el bien superior de los NNA; para muestra una triste reflexión: “hoy, de 10 niños salvar a 1, es un logro”. El 80% de los jóvenes que sale del centro entran pronto a la cárcel de adultos. El sistema no ofrece futuro.

El Neoliberalismo no va a cambiar un sistema que ha validado el enriquecer a unos pocos, satisfacer a depredadores sexuales y mantener redes de pornografía infantil y juvenil, mientras se oculta en el asistencialismo que le permite entregar ayuditas para aliviar la conciencia de quienes golpean su pecho los domingos y de lunes a viernes dirigen estos centros.

La solución al problema de la pobreza requiere voluntad política: regular las escuelas, los espacios públicos; desbaratar las redes de narcotraficantes que acechan a niños y jóvenes para convertirlos en burreros; procurar actividades que vayan en directo beneficio de la comunidad… desgraciadamente, los pequeños guiños que han existido sobre este tema dieron como resultado que quienes promueven estas actividades terminan robando los recursos y abandonando —una vez más— a quienes esperaban una oportunidad. Este modelo debe terminar en nuestro país pues lo domina el mercado, su práctica es despiadada y arremete contra todos.

Sabemos que el capitalismo necesita de un estado para generar minorías oprimidas y cuando además tiene al poder político y la represión popular es constante, ante esto se alza entonces, con urgencia, la organización y educación popular–territorial como inicio al cambio que requerimos como sociedad.

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Construir un país nuevo, como lo soñaran los hermanos que ya no están, será nuestro legado. HVOM.

Esta crónica fue escrita con el relato de @RocknRollantn. Gracias, Jorge, no Yorch!

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