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La utopía chilena

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La utopía chilena

Cuando querer que impere la justicia y termine la impunidad es utópico.

DESPUÉS DE QUE Alejandra Matus revelara hechos que vinculan al presidente Sebastián Piñera con Enjoy, el pasado miércoles, por un lado, surgen dudas, por otro, un silencio aplastante de los medios. Es muy raro.

Hace unos días, en el marco del Foro Vocento Chile – España, declaró: ‘Hay sectores extremistas que quieren imponer una utopía…’ refiriéndose a los candidatos a la Convención Constitucional.

Me sentí identificado con ese sector ‘extremista que intenta imponer una utopía’. Si utopías son: el fin a la impunidad, tener políticos íntegros trabajando por el bien común, que los verdaderos dueños del cobre —que somos todos los chilenos según la Constitución de 1980— cobremos un Royalty a las multinacionales que explotan nuestro territorio causando mucho daño ambiental y obteniendo jugosos dividendos por nada; yo me sumo.

¿Por qué ha de ser una utopía, en el oasis de Latinoamérica, recuperar las bases de nuestra institucionalidad que el modelo privado ha dañado severamente?

Respecto del ejercicio constituyente —que ha de ser democrático— éste se nutre de la confluencia de múltiples puntos de vista, pero no del monólogo de los mismos de siempre, como si fuesen dueños de la verdad. El sistema de ‘competencia’ electoral, en que se enmarcó el proceso constituyente, niega por completo su sentido y origen. La Convención Constitucional debe ser un organismo que resuelva el hastío que hay de la política y del sistema que ha establecido, no al revés. El Estallido Social le puso tarjeta roja al gobierno en su conjunto, pero en lugar de leer esto correctamente, están —como siempre— cooptando la política, porque la transformaron en una maquinaria de privilegios, lastimosamente, corrupta.

Veamos: la encuesta CEP de publicada en enero del año pasado reflejó esta profunda crisis de confianza: sólo un 2% dijo confiar en los partidos políticos, un 3% en el Congreso, un 5% en el gobierno y 6% en el Ministerio Público. Esta crisis es la herida que sangró en octubre de 2019 y aparecieron sus 3 demandas más relevantes: pensiones, salud y educación. ¿Ha hecho algo este gobierno un año y medio después, o sólo se agudizan las demandas?

Una adecuada lectura implicaba diseñar —con humildad y generosidad, pensando en el país a largo plazo— un sistema donde se diera mayor cabida a independientes que a los partidos políticos, en los que casi nadie (3%) confía. Lo hicieron al revés, para sí mismos, en el ‘Acuerdo de Noviembre’, dejándonos en el extremismo de intentar imponer la utopía de una Convención Constitucional verdaderamente independiente, que nos permita pensarnos libres de las ataduras de procesos tan violentos como fueron 17 años de dictadura y 30 de abusos.

Crímenes sin castigo

Ocupar el aparato estatal, el poder o la posición que se detenta, para obtener beneficio económico personal’. Esta es una definición de corrupción, la que está penada por ley. El aparato estatal toma precauciones contra esta amenaza imponiendo criterios de probidad: que no existan conflictos de intereses, que no haya parentescos con funcionarios del aparato estatal, entre otras. Pero no es rigurosa —lo suficiente— para exigir que un funcionario estatal o de representación popular, no haya sido imputado por causas que comprometen la fe pública; de ser así, muchos no podrían ejercer como hoy.

A diario vemos que las leyes no son respetadas: empresas contaminan en zonas de reserva ecológica, empresas agrícolas de Luksic y Pérez Yoma se apropian indebidamente del agua, se malversan fondos públicos en las FFAA, se paga sobreprecios por las ayudas para las familias a través del mercado público.

Pero lo que me parece más grave es la evidencia abrumadora sobre el manejo que hacen las AFP y toda una fauna de intermediarios —con nuestros fondos— sacando tajadas importantes. La última de ellas, presentada por Alejandra Matus, el ‘Caso Enjoy’, revelaría que, a través de las AGF (Asociaciones Generales de Fondos), las AFP financian créditos, estando esto prohibido por ley. Para colmo, mediante el Decreto 77 se rescata una empresa moribunda por mal manejo, ‘no esencial’ en Pandemia y, curiosamente, vinculada a los intereses del presidente.

La utopía

Se hace imprescindible que las entidades pertinentes intervengan, demanden aclaración de estos hechos y se imparta justicia. Nuestros menguados fondos de pensiones no son un juego y nadie está encima de la ley.

Cuando Ignacio Briones señaló que en EE. UU. Julio Ponce Lerou estaría preso, levantó revuelo, pero es verdad; lo triste es que aquí —donde cometió los delitos por los que escasamente fue multado— sea una utopía.

Deberíamos impugnar ese ‘acuerdo tranversal’ que salvó a Penta, SQM Corpesca y a los políticos que financiaron sus campañas, de una demanda de parte del SII, pues dio rienda suelta a la impunidad.

¿Deberíamos alegrarnos con la prosperidad que bendice a la familia Piñera Morel, mientras las realidades de tantos son cada día más difíciles de soportar?

La impunidad en nuestro país es un flagelo que debe terminar, es una enfermedad, una puerta abierta a la corrupción, pues si a tanto crimen le falta su castigo, los delincuentes ven el terreno propicio para seguir adelante, sin freno, a todo nivel. ¿O es acaso una utopía querer que impere la justicia en Chile?

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